Trabajadores del organismo describieron “inconsistencias” en empresas de obra pública y denunciaron traslados y pérdidas de cargo tras sus informes.

Durante una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos, funcionarios de la ex AFIP expusieron cómo detectaron movimientos contables irregulares en compañías vinculadas a contratos estatales y qué consecuencias personales enfrentaron luego de esas investigaciones.

Verónica Iglesias, una de las testigos, relató que tras sus tareas de fiscalización fue desplazada sin explicaciones. Ante la consulta de la fiscal, respondió: “No tuve explicación”.

Y añadió que el cambio implicó “un retroceso” en su carrera. Su testimonio apuntó a firmas que integraban uniones transitorias para ejecutar obras públicas y que habrían utilizado proveedores considerados “no confiables” para justificar salidas de dinero.

Según explicó, esos mecanismos permitían registrar pagos como operaciones comerciales, aunque no existiera una contraprestación verificable.

En la misma línea, la contadora María Marta Criscuolo sostuvo que parte de los fondos habría seguido una ruta financiera internacional.

“Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”, afirmó.

Criscuolo también detalló compras de dólares en efectivo por parte de una UTE vinculada a obras del soterramiento del tren Sarmiento. Dijo que el dinero fue entregado a apoderados y que, tras esas pesquisas, “no le dieron los motivos” de su desplazamiento de un cargo jerárquico.