La expresidenta publicó una columna para cuestionar su condena en la causa Vialidad y anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sostuvo que su juicio vulneró garantías básicas y que su inhabilitación perpetua afecta la democracia.

Cristina Kirchner volvió a llevar su defensa al plano internacional. En una columna publicada este miércoles, la expresidenta cuestionó la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, ratificó su inocencia y confirmó que presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El eje de su planteo fue una crítica al accionar de la Justicia. “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, afirmó.

En esa línea, definió su inhabilitación perpetua como una “proscripción” y aseguró que constituye “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

La presentación internacional sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento“, escribió.

Kirchner también denunció que el juicio estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal” y sostuvo que su caso trasciende su situación personal.

“No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”, expresó.

La exmandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, cerró su mensaje con una definición política.

“Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos”, al considerar que el caso también involucra el derecho de los argentinos a elegir libremente a sus representantes.