La Provincia advirtió que el esquema de concesiones privadas solo alcanzaría a 9.000 de los 40.000 kilómetros que integran la red vial nacional. El futuro del resto de los corredores todavía no tiene respuestas claras.

Mientras el Gobierno nacional avanza con la concesión de distintos corredores viales, desde Salta expresaron preocupación por el futuro de aproximadamente 31.000 kilómetros de rutas nacionales que quedarían fuera del esquema de participación privada y sin garantías concretas sobre su mantenimiento.

El director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, explicó en diálogo con Pelo y Barba, por Aries, que la red vial nacional tiene una extensión cercana a los 40.000 kilómetros, pero solamente unos 9.000 kilómetros resultarían aptos para ser concesionados por su nivel de tránsito y capacidad para generar ingresos.

“Hay 9.000 kilómetros que pueden concesionarse. La gran pregunta es qué ocurrirá con los otros 31.000”, planteó el funcionario provincial.

Solo una parte de las rutas resulta rentable

Según explicó Macedo, las empresas privadas se interesan principalmente en aquellos corredores que cuentan con un volumen de tránsito suficiente para sostener el cobro de peajes y financiar las tareas de conservación.

Dentro de ese esquema aparece el corredor que conecta Tucumán con San Pedro de Jujuy, atraviesa el acceso a Salta e incluye el peaje de Cabeza de Buey. La licitación nacional ya fue realizada y actualmente quedan nueve Uniones Transitorias de Empresas en competencia.

La concesión abarcaría aproximadamente 600 kilómetros e incluiría tareas de mantenimiento, reparación, repavimentación y mejoras sobre la traza.

Sin embargo, el funcionario señaló que este modelo solamente puede aplicarse sobre una porción limitada de la red nacional, debido a que numerosos caminos tienen poco tránsito y no resultan económicamente atractivos para el sector privado.

Sin certezas para 31.000 kilómetros

La principal preocupación se concentra en los 31.000 kilómetros restantes, que continuarían bajo responsabilidad del Estado nacional.

Macedo advirtió que todavía no existe claridad sobre los recursos que se destinarán al mantenimiento de esos caminos ni sobre la capacidad operativa que conservará Vialidad Nacional para atenderlos.

La situación afecta especialmente a provincias como Salta, donde las rutas nacionales resultan fundamentales para la producción, el turismo, el comercio y la conexión entre localidades alejadas.

El funcionario cuestionó que la infraestructura vial no aparezca entre las prioridades del Gobierno nacional y señaló que la misma incertidumbre también alcanza a otras obras estratégicas vinculadas con la energía.

Reclamo por una política de infraestructura

Desde Salta señalaron que las concesiones privadas pueden ofrecer una respuesta para los corredores con mayor circulación, pero remarcaron que no resuelven el deterioro general de la red vial.

Por ese motivo, reclamaron que Nación defina un plan para conservar los miles de kilómetros que no serán incluidos en las privatizaciones.

“La infraestructura vial y energética debería estar entre las prioridades del país”, sostuvo Macedo, al advertir que la falta de inversión no solamente deteriora las rutas, sino que también condiciona el desarrollo productivo y la integración regional.