El pedido surgió después de que la empresario y militante camporista María Soledad Calle comprara uno de los departamentos por USD 189.000.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) un informe detallado sobre los movimientos internos de Cristina Kirchner, buscando determinar si existen registros de visitas al departamento del primer piso adquirido por la sindicalista María Soledad Calle.

Paralelamente, el magistrado envió un oficio al juez Julián Ercolini para interiorizarse sobre la causa que investiga a Calle y a Abel Furlán por un presunto fraude vinculado a la administración de fondos de la UOM.

Ante estos hechos, los querellantes representados por el abogado Yamil Castro Bianchi solicitaron formalmente el allanamiento de la propiedad ubicada en San José 1111. La medida judicial pretende indagar si el dinero utilizado para la compra proviene de maniobras investigadas en el gremio metalúrgico.

Las normativas vigentes estipulan que la exmandataria cumple prisión domiciliaria con salidas autorizadas a la terraza limitadas a una vez al día, en horario diurno y por un lapso máximo de dos horas.