La Mesa Empresarial y Productiva de Salta reclamó al Gobierno nacional que los ramales ferroviarios C-14 y C-15 sean incluidos en la licitación del Belgrano Cargas, al considerar que son conexiones estratégicas para el desarrollo productivo de la provincia y de todo el Norte argentino.

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, explicó en FMYa91.3, que el planteo apunta principalmente a reducir los costos de transporte que enfrentan los productores de la región. En ese sentido, sostuvo que contar con un sistema ferroviario eficiente permitiría achicar la desventaja que tienen las economías del Norte frente a las del centro del país.

El C-14 conecta Salta con Chile, mientras que el C-15 tiene vinculación con Bolivia. Según Fazio, el primero ya presenta limitaciones frente al crecimiento que podría tener la actividad minera, mientras que el segundo se encuentra prácticamente abandonado.

El dirigente puso como ejemplo el proyecto minero Taca Taca, cuya producción podría utilizar los puertos chilenos como vía de salida. Advirtió que, por el volumen que se proyecta para ese emprendimiento, incluso podría superar la capacidad actual del C-14.

Para las entidades empresariales, recuperar y potenciar ambos ramales permitiría ampliar las alternativas para sacar la producción salteña al mundo. El C-14 podría conectar con Chile y los puertos del Pacífico, mientras que el C-15 abriría una vía hacia Bolivia.

Fazio también vinculó el reclamo con la discusión sobre los corredores bioceánicos y sostuvo que Salta tiene una oportunidad estratégica por su cercanía con los puertos chilenos. “Estamos mucho más cerca de los puertos chilenos que de los puertos argentinos. Hay una oportunidad importante para sacar nuestra producción al mundo”, afirmó.

Sobre la privatización del sistema ferroviario, el empresario planteó que la discusión no debería reducirse a una cuestión ideológica entre gestión pública o privada. Consideró fundamental que, si avanza la participación privada, existan contratos con condiciones claras y un fuerte control del Estado para garantizar las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones.