María Soledad Calle fue denunciada junto a Abel Furlán por el manejo de fondos de la entidad a través de la empresa USEM. Ahora, los denunciantes incorporaron información sobre sus bienes y sus viajes internacionales.

La investigación judicial sobre el manejo de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó nuevos elementos alrededor de María Soledad Calle, empresaria y militante de La Cámpora que fue denunciada junto al exjefe del gremio, Abel Furlán, por la presunta administración fraudulenta de recursos sindicales.

En los últimos días, los denunciantes incorporaron información sobre dos propiedades que la dirigente tendría en Campana y 114 viajes al exterior registrados entre 2010 y 2026. Los datos se sumaron después de que trascendiera que la joven adquirió el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en el edificio de la calle San José al 1100, por unos USD 189.000.

La operación inmobiliaria generó un nuevo pedido de los opositores a Furlán para que la Justicia avance con una investigación patrimonial sobre ella y el resto de los involucrados.

Calle no fue dirigente electa de la UOM, pero durante los últimos años ocupó distintos lugares vinculados con el gremio. Fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y trabajó como empleada de la organización sindical.

También tuvo funciones de representación internacional en organismos vinculados al movimiento sindical. Al mismo tiempo, aparece como una de las accionistas de USEM, la empresa que fue contratada por la UOM para administrar parte de sus recursos.

Según la denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán a la que accedió Infobae, Calle y Adalberto Raúl Braconi figuran como accionistas de USEM.

El contrato comenzó a regir en febrero de 2023 y le otorgó a la empresa facultades para administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio, realizar pagos y manejar fondos de la organización.

Además, USEM recibía un honorario equivalente al 0,5% de todo lo recaudado mediante la cuota sindical. El acuerdo tenía una duración de diez años y, según los denunciantes, establecía condiciones que dejaban al sindicato en una posición de dependencia frente a la empresa.

María Soledad Calle y Abel Furlán.

La denuncia que terminó en un allanamiento a la UOM

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero por Ángel Derosso, dirigente que había enfrentado a Furlán en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.

Esos comicios fueron posteriormente anulados por la Justicia debido a irregularidades.

A raíz de la denuncia, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenó en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM, ubicada en Alsina al 400.

La investigación busca establecer cómo se manejaron los fondos del sindicato y qué papel tuvieron Furlán, Calle, Braconi y USEM en ese esquema.

Los denunciantes también pusieron el foco sobre la relación entre Calle y Furlán. En una ampliación de la presentación judicial señalaron que algunas personas vinculadas con USEM la identificaban con el apodo de “la primera dama”.

Para los denunciantes, esa denominación podría aportar información sobre el nivel de influencia que Calle tenía dentro de la empresa y su relación con Furlán. De todos modos, se trata de una interpretación de quienes impulsaron la denuncia y no de una conclusión judicial.

Calle rechazó las acusaciones. En declaraciones a La Nación, negó haber comprado el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner y aseguró que es víctima de una disputa interna dentro del gremio.

“No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, afirmó.

Las dos propiedades que figuran a su nombre en Campana

La información patrimonial incorporada al expediente, al que accedió Infobae, no se limita al departamento de San José 1111.

Los denunciantes aportaron documentación sobre dos inmuebles registrados a nombre de Calle en Campana. Uno está ubicado sobre la calle Belgrano y el otro se encuentra dentro de un country de esa ciudad.

A partir de esos datos, pidieron que la Justicia realice una investigación patrimonial más amplia sobre los principales involucrados.

El planteo incluye inmuebles, vehículos, participaciones en sociedades, inversiones, pólizas y movimientos de tarjetas de crédito, entre otros bienes y operaciones.

La intención de los denunciantes es que se pueda comparar el patrimonio de los investigados con sus ingresos y con los movimientos de dinero relacionados con la UOM y USEM.

Los 114 viajes al exterior

Según la información presentada, registró 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026, con destinos como Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Panamá, Colombia, Holanda y Turquía.

La mayor cantidad de viajes se produjo en los últimos años.

En 2023 realizó 22 viajes; en 2024, 25; y en 2025, otros 24. En 2026, hasta el 27 de junio, aparecen nueve movimientos, cinco de ellos hacia Francia.

En total, entre 2023 y 2026 se contabilizaron 80 viajes, más de dos tercios de todo el registro relevado.

El dato, por sí solo, no constituye una prueba de un delito. Por eso, los denunciantes pidieron que Migraciones entregue el detalle completo de los ingresos y egresos del país de los principales investigados.

El objetivo es cruzar esos movimientos con las fechas de transferencias, pagos y otras operaciones relacionadas con el contrato entre la UOM y USEM.

Qué pasó con Calle después de la intervención de la UOM

La situación de Calle dentro del sindicato cambió luego de la intervención judicial de la UOM.

Alberto Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo, después de que la Justicia detectara irregularidades en las elecciones de la seccional Zárate-Campana.

Una de sus primeras medidas fue desvincular a Calle, junto con otros colaboradores vinculados al sector de Furlán.

Biglieri también comenzó una auditoría sobre las cuentas de la UOM y puso bajo revisión los contratos firmados por el sindicato.

El 30 de julio, con el aval de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resolvió suspender preventivamente los contratos entre la UOM y USEM que involucraban fondos del sindicato y de la obra social de los metalúrgicos.

La decisión fue adoptada mientras avanza la auditoría sobre el manejo de los recursos.