El juez Julián Ercolini ordenó acceder a la información financiera y patrimonial de María Soledad Calle y dispuso nuevas medidas sobre sus bienes, sus ingresos y sus vínculos con la UOM y USEM SA. También pidió información sobre Abel Furlán y otros integrantes de la empresa.

La investigación sobre María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal y bancario de la dirigente y ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir sus ingresos, patrimonio y movimientos económicos.

La decisión también alcanza a información relacionada con el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, la propia organización sindical y USEM SA, una empresa vinculada a Calle que mantiene un contrato de servicios con el gremio.

Para avanzar en la pesquisa, Ercolini pidió informes a distintos organismos, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), ARCA, Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.

Qué busca determinar la Justicia

Uno de los objetivos centrales es conocer cómo evolucionó el patrimonio de Calle durante los últimos años y si sus ingresos declarados resultan compatibles con los bienes y operaciones que aparecen en el expediente.

Por eso, el juez solicitó a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Calle y Furlán correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025.

El período elegido coincide con la creación y el funcionamiento de USEM SA, una compañía que comenzó a trabajar para la UOM bajo un contrato que contempla el pago de una comisión mensual del 0,5% de los fondos ingresados a una cuenta fiduciaria.

También, según publica TN, se requirió a Anses la totalidad de la información laboral registrada sobre los investigados, incluyendo empleadores, fechas de alta y baja y remuneraciones.

A Migraciones, en tanto, se le pidió información sobre los movimientos de entrada y salida del país de Calle, Furlán y otras personas vinculadas con la investigación.

La UIF deberá aportar, si existen, los reportes de operaciones sospechosas relacionados con los involucrados y las empresas bajo análisis.

El departamento de San José 1111 también quedó bajo análisis

La propiedad que Calle adquirió en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los bienes que forman parte de la investigación.

Ercolini solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble un informe completo sobre la unidad funcional del primer piso, incluida la información relacionada con su titularidad y antecedentes registrales.

El departamento ganó notoriedad porque está ubicado justo debajo de la vivienda de Cristina Kirchner.

La Justicia también pidió información sobre vehículos que serían de Calle, entre ellos un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, además de consultar si Calle y Furlán tienen o tuvieron embarcaciones.

La relación entre Calle, USEM y la UOM

La empresa USEM SA fue creada a fines de 2022 y, según documentación incorporada al expediente, Calle aparece entre sus fundadores junto con Raúl Braconi. La sindicalista fue designada directora suplente.

Pocos meses después, la firma cerró un contrato de locación de servicios con la UOM.

El acuerdo comenzó a regir el 1° de marzo de 2023 y establece una duración de diez años, hasta febrero de 2033.

La compañía quedó a cargo de tareas vinculadas con la apertura y administración de cuentas corrientes para las distintas seccionales del sindicato y para su Secretariado Nacional.

A cambio, USEM recibe honorarios equivalentes al 0,5% del dinero ingresado mensualmente a la cuenta fiduciaria.

La Justicia busca ahora reconstruir cómo funcionaba ese esquema, qué tareas realizaba la empresa y cuál era el circuito de autorización y rendición de los fondos.

Los millones que aparecen en las rendiciones

La causa también incorporó documentación con rendiciones de cuentas de USEM.

En esos registros aparecen gastos por distintos conceptos y desembolsos millonarios. Entre ellos figuran hasta $50 millones en “caja chica”, unos $22 millones correspondientes a un “Congreso MDP”, alrededor de $4 millones vinculados con una tarjeta corporativa y más de $428.000 en TelePASE, además de pagos a proveedores.

La documentación fue aportada a la investigación y ahora forma parte del análisis que lleva adelante Ercolini.

Según los contratos incorporados al expediente, USEM debía rendir cuentas ante la UOM y no podía disponer libremente de los fondos sin autorización del sindicato.

Por eso, uno de los puntos que deberá establecer la investigación es cómo se tomaban las decisiones sobre esos recursos y qué responsabilidades tenía cada uno de los actores involucrados.