El Gobierno enviará al Congreso una reforma para endurecer las sanciones contra empresas que realicen actividades no autorizadas en el archipiélago. La iniciativa incorpora una figura que permite avanzar con un proceso penal aunque el acusado permanezca prófugo.

Javier Milei anunció una nueva herramienta para intentar frenar la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas: el juicio en ausencia. La figura permitiría que una persona acusada de determinados delitos sea sometida a un proceso penal aunque no pueda ser detenida o permanezca fuera del alcance de la Justicia.

La medida forma parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno enviará al Congreso. Según anticipó el Presidente, la iniciativa buscará endurecer las consecuencias para las empresas y proveedores que participen de operaciones consideradas ilegales por la Argentina en las islas.

El anuncio se produjo en medio de la preocupación del Gobierno por el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El jefe de Estado advirtió que la extracción podría comenzar en los próximos meses y sostuvo que la Argentina debe actuar para evitar la explotación de las reservas ubicadas en aguas cuya soberanía reclama.

A diferencia de un proceso penal tradicional, el juicio en ausencia permite que el debate oral continúe, aunque el acusado no esté físicamente presente.

La herramienta está pensada principalmente para situaciones en las que una persona fue declarada rebelde, conoce la existencia de la causa y, pese a los intentos de las autoridades, no puede ser capturada.

En Argentina, esta posibilidad fue incorporada mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 durante el gobierno de Milei. Sin embargo, la norma original estableció un alcance limitado.

El mecanismo fue previsto para delitos de extrema gravedad, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos contemplados por el Estatuto de Roma, además de determinadas conductas vinculadas con el terrorismo.

La ley establece que puede utilizarse cuando los delitos fueron cometidos en territorio argentino, cuando sus efectos se produjeron bajo jurisdicción argentina o, en determinadas circunstancias, cuando fueron cometidos en el extranjero por funcionarios o agentes argentinos en ejercicio de sus funciones.

La reforma que impulsa ahora Milei busca llevar esta herramienta a un escenario completamente diferente: las operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Malvinas.

Cómo funcionaría para las empresas petroleras

El Gobierno pretende modificar la normativa que regula las actividades relacionadas con los hidrocarburos en las islas para aumentar las sanciones contra quienes participen de esas operaciones.

El proyecto anunciado por Milei contempla penas más severas, restricciones para contratar con el Estado argentino e inhabilitaciones para quienes intervengan en actividades consideradas ilegales. En ese marco aparecería el juicio en ausencia.

La herramienta tendría especial relevancia si los responsables de las operaciones se encuentran fuera del país y la Justicia argentina no consigue detenerlos. En lugar de que la causa quede paralizada indefinidamente por la imposibilidad de capturar a los acusados, el proceso podría continuar bajo determinadas condiciones.

El sistema, de todos modos, no implica que cualquier persona pueda ser juzgada automáticamente sin estar presente. La legislación establece una serie de garantías y requisitos para evitar que la ausencia sea utilizada como una forma de eliminar el derecho de defensa.

La aplicación del juicio en ausencia exige que previamente se hayan realizado intentos razonables para localizar y detener al imputado.

Además, el acusado debe tener conocimiento de la existencia del proceso. La Justicia también debe garantizarle una defensa técnica, es decir, la intervención de un abogado que represente sus intereses durante el procedimiento.

El debate oral debe quedar registrado mediante medios audiovisuales y la persona condenada conserva la posibilidad de solicitar un nuevo juicio si posteriormente aparece y se presenta ante las autoridades.

Por eso, la figura no equivale a una condena automática dictada sin ningún tipo de control judicial. Se trata de una excepción al principio general de que el acusado debe estar presente durante el juicio.

El antecedente de la causa AMIA

El primer caso en el que la Justicia argentina comenzó a aplicar esta figura fue la investigación por el atentado contra la AMIA.

En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas habilitó el juicio en ausencia contra varios de los acusados que permanecen prófugos, entre ellos ciudadanos iraníes y libaneses señalados en la investigación.

La Cámara Federal respaldó posteriormente ese criterio y permitió que el expediente avanzara hacia la instancia oral.

En aquella causa, la Justicia consideró que los imputados habían sido declarados rebeldes desde hacía años y que habían tenido conocimiento de las órdenes de captura y de los pedidos de extradición