Una iniciativa refinancia vencimientos del Plan Bicentenario por US$145,3 millones; la otra prevé US$100 millones del BIRF para infraestructura, logística y agua.

El Poder Ejecutivo provincial llevó este lunes al bloque oficialista de la Cámara de Diputados dos proyectos de endeudamiento que, en conjunto, habilitan operaciones por hasta US$250 millones y que este martes buscarían ser aprobados sobre tablas. 

El mayor de los proyectos autoriza a la Provincia a emitir un nuevo título por hasta US$150 millones en el mercado local de capitales. El destino es exclusivamente cancelar los servicios pendientes del Título Público Plan Bicentenario, cuyos vencimientos suman US$145,32 millones entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

En concreto, quedan tres pagos: US$50,34 millones en el segundo semestre de 2026, US$48,44 millones en el primero de 2027 y US$46,54 millones en el segundo semestre de ese año. La propuesta procura estirar los vencimientos y reemplazar un instrumento bajo ley extranjera por otro emitido bajo legislación local.

El proyecto permite además garantizar el nuevo título con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Otros US$100 millones para infraestructura

La segunda iniciativa solicita autorización para tomar un préstamo de hasta US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Los fondos financiarían el programa “Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Salta”.

El plan contempla, entre otras intervenciones, 24 kilómetros de rehabilitación y repavimentación de la Ruta Nacional 51, nodos logísticos, ampliación de redes de agua y saneamiento en la Puna y fortalecimiento de la gestión vinculada a la minería. Las obras se concentran principalmente en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, Olacapato y General Güemes.

Ese crédito tendría un plazo de 32 años, con siete años de gracia y seis años previstos para los desembolsos. También podría ser garantizado con fondos de la Coparticipación Federal.

Así, los dos proyectos habilitan operaciones por un máximo conjunto de US$250 millones, aunque con naturalezas diferentes: US$150 millones apuntan a refinanciar deuda ya existente y US$100 millones corresponden a nuevo financiamiento para infraestructura y desarrollo productivo.