El pasado 26 de febrero, una denuncia anónima al 145 fue el puntapié inicial para iniciar una investigación por parte de la fiscalía sobre el dueño de Cerdo Negro, quien resultó imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad.

Según ARCA, el empresario registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025, algo similar en lo que va de este 2026, además comprar 100 gramos de jamón crudo reserva vale $60.000.

En el caso de los empleados, los sueldos no alcanzaban los $500.000 mensuales, y según da cuenta la inspección de ARCA con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas, había explotación laboral, no contaban con vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad y vivían en la finca bajo condiciones deplorables.

El defensor público federal de las víctimas, Nicolás Escándar, comentó que la denuncia inicial señalaba que un trabajador había sufrido un accidente por lo que fue al hospital, pero cuando regresó a la empresa le informaron que no iba a cobrar ese día por no trabajarlo, por lo que tuvo que reincorporarse cuanto antes.

A esto se suma las condiciones deplorables en la que vivía, ya que no tenía servicios adecuados, dormía sobre pallets, tenía una letrina como baño y debía calentar agua con leña para bañarse.

Con la investigación en marcha, se empezaron a tomar testimonio a otras víctimas, siendo siete las victimas que se anoticiaron al imputado en audiencia.

Las víctimas se encontraban registrados como trabajadores del tabaco: “(…) creemos que esta era una maniobra por parte del imputado para aliviar los costos porque la registración permite que haya un esfuerzo compartido entre el empleador y el Fondo Especial del Tabaco”.

En el caso del criador de cerdos, la inspección de ARCA, vivían en una vivienda con mayores comodidades, pero estaban expuestos a un olor nauseabundo al que estaban acostumbrados tanto ese trabajador como su esposa y dos hijos.

En cuanto a la pena que podría percibir el imputado, el delito imputado tiene una pena mínima de 8 años y puede llegar hasta 12 años de prisión, pero todavía quedan seis meses para avanzar en la investigación.

“En el marco del desarrollo de la investigación penal preparatoria vamos a ver si podemos llegar a alguna solución conciliatoria. Obviamente todo depende de la voluntad de las víctimas y en ese caso de la negociación debemos participar el fiscal y la Defensoría de Víctimas. De lo contrario, avanzamos hacia el juicio y hacia una eventual condena” sostuvo Escándar.