El INDEC informó que la pobreza trepó al 32,3% en el primer semestre: 15 millones de personas, 4,1 puntos más que el semestre anterior. Subió mientras la inflación bajaba. No es una paradoja estadística: es el precio de haber ordenado la macroeconomía sin tocar el mercado de trabajo.

El miércoles el INDEC publicó el dato que esta columna venía anticipando desde hace dos semanas. La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en el primer semestre de 2026 y la indigencia al 7,5%. En hogares, 24,4% y 5,6%. Son 15 millones de argentinos bajo la línea de pobreza y casi 3,5 millones que no cubren siquiera la canasta alimentaria.

El número que importa no es el nivel sino la dirección. En el segundo semestre de 2025 la pobreza había sido del 28,2%. En seis meses subió 4,1 puntos. Y subió en el mismo período en que la inflación mensual perforó el 2% y el Gobierno acumuló su mejor serie de desinflación en una década. Las dos cosas pasaron a la vez.

La respuesta está en el informe porque la canasta básica total de una familia de cuatro integrantes llegó en junio a $1.531.473 y subió 34,7% en doce meses, mientras el ingreso familiar creció 25%.

La inflación general bajó; la canasta que define la línea de pobreza, no. Un hogar pobre promedio tuvo ingresos por $922.755 contra una canasta de $1.440.395: una brecha del 35,9%. Le faltó más de medio millón de pesos por mes.

Acá está lo que a mi juicio el debate público sigue sin mirar, y es lo único que explica por qué la pobreza sube con la macro ordenada. La pobreza argentina de 2026 no es, mayoritariamente, pobreza de desocupados. El desempleo es 7,9%. La pobreza es 32,3%. La distancia entre esos dos números es el retrato exacto del problema: hay millones de personas que trabajan todos los días y no llegan a la canasta básica.

La informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados, el récord de la serie. El sector privado perdió 245.664 asalariados registrados desde noviembre de 2023 y sumó 169.026 monotributistas. El trabajo no desapareció, salió de la nómina y entró en la factura. Y el que factura no tiene convenio, no tiene paritaria, no tiene aguinaldo, no tiene indemnización ni licencia paga. Su ingreso no se actualiza por ninguna institución: se actualiza cuando el que lo contrata decide, o no se actualiza.

Por eso la desinflación no le llega, un salario de convenio, aun perdiendo, tiene un piso, un mecanismo de recomposición y un sindicato que lo negocia.

Una factura de monotributo no tiene nada de eso. Cuando el 44% del mercado laboral opera fuera de esas instituciones, la mejora de precios no se transmite a los ingresos, y la canasta se lleva puesto al que trabaja.

El dato más duro del informe confirma el punto: el 45,2% de los menores de 18 años es pobre, y el 10,9% indigente. Casi uno de cada dos chicos. Esos chicos no viven en hogares sin trabajo. Viven en hogares donde se trabaja y no alcanza.

Hace dos semanas escribí acá que el Gobierno tiene un programa económico que funciona y no tiene un programa social. El dato del INDEC lo confirma con números oficiales, no con estimaciones privadas. Pero permite una precisión que quiero hacer, porque este espacio sirve para pensar en voz alta y no para tener razón.

El problema no es la ausencia de gasto social. Es la ausencia de una política de ingresos laborales. Son cosas distintas y se confunden todo el tiempo. Ninguna transferencia razonable cubre una brecha del 35,9% en 2,5 millones de hogares; eso costaría varios puntos del PBI y destruiría el superávit, que es el activo que hay que cuidar. El único camino con escala para bajar la pobreza en Argentina es que el trabajo que ya existe vuelva a ser empleo registrado con salario de convenio.

Y ahí la reforma laboral, como señalé cuando se promulgó, actuó sobre el problema equivocado. La ley 27.802 abarató la salida: eliminó las multas de las leyes 24.013 y 25.323, redefinió la base del artículo 245, acotó la actualización de los juicios. Todo eso ordena el pasivo laboral de las empresas, y era necesario. Pero no abarató la entrada. El costo mensual de poner a alguien en blanco frente al costo de pagarle una factura sigue siendo el mismo que antes de la reforma. Mientras esa ecuación no cambie, la informalidad no baja, y mientras la informalidad no baje, la pobreza tiene piso.

El 28 de noviembre vence el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, que permite regularizar relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 con condonación de hasta el 90% de la deuda para mipymes. No va a repetirse en estas condiciones. Y el 1° de noviembre entra en vigor el Fondo de Asistencia Laboral de la ley 27.802, reglamentado por el decreto 408/2026: 1% de la remuneración para grandes empresas y 2,5% para pymes, a cuenta de contribuciones y deducible de Ganancias.

Y una advertencia, el blanqueo del PER va a producir un salto en la estadística de empleo registrado en el último trimestre. Ese salto no va a ser creación de empleo: es el mismo puesto que se vuelve visible. Si en diciembre alguien lo presenta como el efecto de la reforma, estará contando otra cosa.

Para el trabajador, lo de siempre y nunca de más: el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo presume la relación laboral por el solo hecho de la prestación de servicios, y la 27.802 no lo tocó. Si la tarea es personal, en un lugar y un horario que fija otro, con instrucciones y sin organización propia, hay contrato de trabajo aunque se emita factura.

Argentina puede cerrar 2026 con la inflación más baja en diez años y con tres de cada diez habitantes bajo la línea de pobreza. Las dos cosas son compatibles y ya conviven. La estabilidad de precios es la condición necesaria para que el trabajo mejore, pero no lo mejora sola, y llevamos dos años de prueba empírica de eso. La pobreza en este país dejó hace rato de ser un problema de empleo y pasó a ser un problema de registración. Se resuelve en el recibo de sueldo o no se resuelve en ninguna parte.

f:Ambito