Proponen crear juzgados con equipos de expertos médicos y fortalecer instancias previas a juicio para aliviar la sobrecarga judicial

Puntos importantes

La alta litigiosidad sanitaria en Argentina, que representa el 70% de las causas judiciales, desborda al sistema, exigiendo respuestas urgentes ante la falta de celeridad para garantizar el derecho.

Se debate crear fueros especializados en salud con equipos técnicos interdisciplinarios y asesores científicos, para resolver los conflictos médicos con la pericia y rapidez que la materia requiere.

Impulsan, además, actualizar el PMO, crear una agencia de evaluación tecnológica y fortalecer la mediación prejudicial para aliviar a la Justicia y asegurar la sustentabilidad del sistema de salud.

La explosión de expedientes judiciales vinculados al acceso a prestaciones médicas, medicamentos de altísimo costo y coberturas sanitarias dejó de ser una contingencia esporádica para transformarse en una crisis estructural que compromete tanto la celeridad de la Justicia como la sustentabilidad del sistema de salud en la Argentina.

Con un volumen de litigiosidad en fuerte crecimiento, la discusión sobre la necesidad de establecer un fuero especializado en salud y consolidar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación prejudicial, comenzó a ganar terreno en los ámbitos legislativo, judicial y profesional.

Los números permiten dimensionar el fenómeno. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al fuero Civil y Comercial Federal un total de 7.523 nuevas causas, de las cuales 4.990 correspondieron a amparos en materia sanitaria.

Esto significa que el 66% de las causas ingresadas durante los primeros seis meses del año estuvo relacionado con reclamos dirigidos contra obras sociales o empresas de medicina prepaga.

La tendencia no se detuvo. Por el contrario, se aceleró durante los meses siguientes. Fuentes del ámbito judicial señalaron que, para agosto de 2026, la proporción de amparos de salud sobre el total de expedientes rozaba el 70%.

El crecimiento resulta todavía más significativo si se compara con lo ocurrido durante 2025, cuando los reclamos sanitarios representaban aproximadamente el 45% del trabajo del fuero. De esta manera, la materia de salud dejó de ocupar un espacio secundario dentro del derecho privado ordinario para convertirse en uno de los principales componentes de la actividad de esos tribunales.

Por qué crece la judicialización de la salud en Argentina

Detrás del crecimiento de los expedientes aparecen problemáticas humanas, jurídicas y operativas muy diferentes. Entre los reclamos que con mayor frecuencia llegan a los tribunales se encuentran:

• La continuidad de la cobertura médica luego de la jubilación del trabajador
• La provisión urgente de medicamentos de alto y altísimo costo
• La autorización de tratamientos de alta complejidad e internaciones
• La asignación de cuidadores domiciliarios o asistentes terapéuticos

Todas estas solicitudes tienen un denominador común: requieren decisiones judiciales extraordinariamente rápidas para garantizar derechos fundamentales.

Sin embargo, actualmente ese volumen de demandas urgentes debe ser procesado por una estructura judicial tradicional que, simultáneamente, tiene que atender causas civiles y comerciales completamente ajenas al ámbito sanitario.

En ese contexto comenzó a tomar fuerza una discusión que hasta hace algunos años aparecía limitada a los especialistas: si la Argentina necesita una Justicia especializada en salud.

El debate por la creación de una Justicia especializada en salud

La discusión tuvo un nuevo impulso el 28 de septiembre de 2026, cuando la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL) y el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) realizaron una jornada destinada a analizar los principales desafíos que enfrentan actualmente el sistema sanitario y la Justicia.

El encuentro reunió a representantes del Poder Judicial, abogados, especialistas en mediación, autoridades vinculadas con la medicina privada y funcionarios públicos.

Entre los participantes estuvieron Luciano Enrici, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín; Antonio Di Renzo, presidente de la Asociación de Magistrados de San Martín; Pedro Borgini, presidente de la Comisión de Salud Pública del Senado de la Provincia de Buenos Aires; y Ulises Giménez, secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense.

También participaron Marcelo Di Salvo, director de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires; Luis María Degrossi, presidente de ADEMP; Elizabeth Orrico, subgerenta de Asesoría Legal de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud; y la especialista en mediación Patricia Porro Galante.

A ellos se sumaron Franco Caviglia, presidente de FESAL; Facundo Rodríguez, gerente general de OSDEPYM y vicepresidente de FESAL; Yanina Zanarini, presidenta del Instituto IIDOS; y Agustín Ciorciari, director del Instituto de Derecho de la Salud del CASM y gerente de Relaciones Institucionales de OSDEPYM.

Durante el encuentro, los especialistas plantearon que la judicialización de la salud no puede analizarse exclusivamente como un conflicto normativo o médico. Se trata de un fenómeno complejo en el que confluyen el derecho fundamental a la salud, la evidencia científica, la innovación biotecnológica, la disponibilidad limitada de recursos económicos y la necesidad de brindar respuestas judiciales rápidas a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

«Ha llegado el momento de discutir seriamente la especialización en materia de salud. Los conflictos sanitarios presentan una complejidad creciente: combinan derechos fundamentales, conocimiento médico, nuevas tecnologías, medicamentos de altísimo costo, evidencia científica, regulación y recursos necesariamente limitados. Esa realidad exige capacitación, información y herramientas específicas para quienes deben intervenir y decidir», sostuvo Caviglia.

Por su parte, Ciorciari destacó la importancia de instalar la problemática en la agenda pública y profesional y planteó la necesidad de que este tipo de jornadas de debate e intercambio técnico se replique en los distintos colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto para crear juzgados especializados en salud

La búsqueda de una respuesta estructural al crecimiento de los litigios sanitarios ya cuenta con antecedentes legislativos concretos.

En 2024 ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley destinado a crear Juzgados de Salud de Primera Instancia, una iniciativa que actualmente se encuentra en trámite y bajo análisis de la Comisión de Salud. El proyecto propone modificar la respuesta judicial existente mediante la transformación de juzgados con competencia ordinaria o la creación de dependencias específicas dedicadas exclusivamente a los conflictos relacionados con la salud.

Esos tribunales estarían encabezados por magistrados con formación especializada en derecho sanitario, bioética y medicina legal.

De acuerdo con el proyecto, los nuevos juzgados tendrían competencia para intervenir ante denegaciones, interrupciones o demoras injustificadas en la cobertura de prestaciones de salud por parte de obras sociales, empresas de medicina prepaga, prestadores privados y organismos estatales.

También podrían actuar en controversias contractuales y prestacionales derivadas del sistema público, de la seguridad social y del sector privado, así como en conflictos relacionados con la investigación biomédica, los ensayos clínicos y la utilización de nuevas tecnologías sanitarias.

Consejeros de salud y equipos técnicos para asistir a los jueces

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el rediseño de la asistencia técnica que recibirían los magistrados.

Según explicó Facundo Rodríguez, vicepresidente de FESAL y gerente general de OSDEPYM, un juzgado encargado de resolver controversias médicas difícilmente pueda funcionar de manera eficaz si no cuenta con asesoramiento científico especializado y disponible en tiempo real.

El proyecto contempla, por ese motivo, la creación de la figura del Consejero de Salud y de un Cuerpo Técnico Especializado interdisciplinario asignado a cada tribunal.

La función de estos equipos sería dictaminar rápidamente y con sustento científico sobre la pertinencia técnica, la validez probatoria, la indicación médica y la seguridad de la cobertura solicitada por el paciente antes de que el juez adopte una medida cautelar o dicte una sentencia definitiva.

La propuesta también establece procedimientos procesales breves y audiencias obligatorias de conciliación y mediación destinadas a explorar acuerdos entre las partes antes o durante la tramitación del expediente.

El objetivo es evitar que todos los conflictos necesariamente recorran la totalidad del proceso judicial y, al mismo tiempo, reducir la carga que actualmente soportan los tribunales ordinarios.

La discusión por el PMO y las nuevas tecnologías médicas

Durante la jornada realizada en San Martín, representantes de entidades de medicina privada y de la seguridad social plantearon que la creación de juzgados especializados, por sí sola, no alcanzará para resolver el problema si no se modifican algunas de las condiciones que alimentan la litigiosidad.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que la especialización judicial debería estar acompañada por reformas estructurales a nivel nacional.

Una de ellas es la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET).

Los impulsores de la iniciativa consideran necesario avanzar con la aprobación parlamentaria y puesta en funcionamiento de un organismo técnico que pueda evaluar la efectividad, el costo-efectividad, la seguridad y la evidencia científica disponible sobre nuevos medicamentos y tecnologías antes de determinar su incorporación a las coberturas.

El otro punto señalado es la necesidad de establecer una nueva canasta prestacional y actualizar el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Según el diagnóstico expuesto durante el encuentro, el actual PMO quedó desactualizado frente al ritmo con el que aparecen nuevas terapias, medicamentos y tecnologías sanitarias.

Esa distancia entre las prestaciones formalmente previstas y el surgimiento permanente de tratamientos innovadores -muchos de ellos de altísimo costo– genera un escenario propicio para que las diferencias entre pacientes y financiadores terminen resolviéndose en los tribunales.

Mediación en salud: la alternativa para evitar que los conflictos lleguen a juicio

Junto con la eventual reforma de la estructura judicial, otro de los ejes del debate pasa por fortalecer las instancias prejudiciales de resolución de conflictos.

Durante el encuentro organizado por FESAL y el CASM se puso especial énfasis en la mediación como herramienta para evitar que determinadas controversias terminen automáticamente en una acción judicial.

«El PROMESA (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Salud) es una herramienta clave para que podamos pasar de un sistema reactivo a uno centrado en la prevención y la sustentabilidad», afirmó Yanina Zanarini, presidenta del Instituto IIDOS.

El Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA) funciona como una instancia de diálogo institucionalizado y optativo a la que pueden recurrir usuarios, afiliados, obras sociales y empresas de medicina prepaga antes de presentar una acción de amparo. Las estadísticas difundidas hacia septiembre de 2026 muestran que una proporción significativa de las controversias sometidas a este mecanismo terminó en acuerdos entre pacientes y financiadores, evitando la presentación de demandas judiciales.

Además, la red nacional del programa cuenta actualmente con una nómina cercana a los 2.000 mediadores profesionales capacitados específicamente en mediación sanitaria en todo el país.

Quienes defienden este sistema destacan que la mediación no solo permite reducir la presión sobre los tribunales y los costos derivados de los litigios, sino que también ofrece un espacio más flexible para acordar alternativas prestacionales en tiempos considerablemente menores que los que demanda un proceso judicial completo.

Una discusión que dejó de ser teórica

La pregunta acerca de si la Argentina necesita una Justicia especializada en salud dejó de pertenecer exclusivamente al terreno académico.

Los datos que muestran que casi siete de cada diez causas que ingresan actualmente al fuero Civil y Comercial Federal están relacionadas con reclamos por prestaciones médicas exponen la dimensión alcanzada por el fenómeno y la presión que soporta la estructura judicial.

Sin embargo, los especialistas también advierten que la creación de un fuero especializado no resolverá por sí sola la judicialización de la salud.

El crecimiento de las demandas aparece vinculado a problemas estructurales anteriores: la fragmentación entre el sector público, las obras sociales y la medicina prepaga, la falta de precisión sobre determinadas coberturas exigibles, el incremento del costo de las terapias biológicas y la ausencia de consensos entre prestadores, financiadores y pacientes.

En ese escenario, comienzan a confluir distintas iniciativas: el proyecto bonaerense para crear juzgados de salud con asistencia de equipos técnicos, la discusión sobre una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la actualización del PMO y la expansión de mecanismos conciliatorios como PROMESA.

El desafío pasa por determinar si esas herramientas pueden articularse en una política integral capaz de reducir la judicialización sin restringir el acceso a las prestaciones. Porque detrás de la discusión sobre expedientes, estructuras judiciales y costos aparece una cuestión mucho más sensible: cómo garantizar respuestas rápidas a quienes necesitan una prestación médica y, al mismo tiempo, preservar la sustentabilidad del sistema de salud.

F:IProfesional