El abogado Matías Ledesma se presentó ante la fiscalía de Gerardo Pollicita con un sobre lacrado que contenía las claves privadas. Ahora la Policía Federal deberá comprobar mediante una prueba criptográfica que las direcciones pertenecían al exfuncionario.

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este viernes una instancia clave para determinar si las ocho billeteras de Bitcoin que presentó ante la Justicia estaban efectivamente bajo su control. Su abogado, Matías Ledesma, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó las claves privadas para realizar la verificación técnica.

La diligencia se llevó adelante en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita. Las claves habían sido conservadas dentro de un sobre cerrado y lacrado y fueron incorporadas al procedimiento sin necesidad de revelar públicamente esa información.

El objetivo es comprobar que las ocho direcciones de Bitcoin que la defensa atribuyó a al exjefe de Gabinete podían ser controladas por él. Según la explicación presentada por el exfuncionario, esas billeteras estuvieron vinculadas con operaciones de criptomonedas que le permitieron obtener US$591.544,61 antes de su llegada a la función pública.

La prueba no requiere transferir los fondos ni exponer las claves privadas. El procedimiento consiste en generar un mensaje específico para cada dirección y solicitar una firma digital utilizando la llave privada correspondiente.

Luego, esa firma puede ser contrastada con la clave pública de la billetera. Si el resultado es válido, permite determinar que quien realizó la operación tenía acceso a la clave privada asociada a esa dirección.

En este caso, los llamados “mensajes desafío” fueron utilizados para realizar esa comprobación. Las constancias quedaron bajo resguardo de los investigadores y ahora deberán ser sometidas a la verificación criptográfica correspondiente.

La tarea técnica estará a cargo de personal de la Policía Federal Argentina, que deberá comprobar que las firmas obtenidas corresponden efectivamente a cada una de las ocho direcciones informadas por la defensa.

Qué dijo Adorni sobre los casi US$600.000

En el escrito que presentó ante la Justicia, la defensa sostuvo que buena parte de los dólares que explican la evolución patrimonial del exfuncionario provienen de inversiones realizadas con criptomonedas antes de su ingreso al Estado.

Según esa presentación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habían invertido US$199.883,20 en criptomonedas en 2017. La defensa afirmó que las operaciones posteriores permitieron obtener US$591.544,61.

Las ocho direcciones de Bitcoin señaladas por la defensa registraron movimientos entre 2014 y 2018 y, de acuerdo con la documentación presentada, fueron utilizadas para realizar las operaciones que posteriormente se liquidaron.

La investigación deberá determinar ahora si esa explicación puede ser respaldada mediante la documentación y las verificaciones técnicas solicitadas por la fiscalía.

La fiscalía también analiza sus ingresos y los de su esposa

La causa no se limita a las criptomonedas. Pollicita amplió el análisis sobre la situación económica de Adorni y Angeletti para reconstruir sus ingresos, empleos, aportes y actividades económicas desde los primeros años de su vida laboral.

La fiscalía recibió información de la ANSES y también avanzó sobre los datos tributarios de la pareja. Con autorización judicial, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal para determinados períodos con el objetivo de reconstruir sus antecedentes patrimoniales.

Según la información incorporada al expediente, hasta 2014 el exvocero y su esposa registraron ingresos en pesos equivalentes a unos US$335.000, mientras que ARCA informó compras de moneda extranjera por aproximadamente US$85.000 durante ese período.

La explicación sobre las obras de su casa

Otro de los puntos bajo análisis son los gastos vinculados con las refacciones de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá.

En su descargo, el exfuncionario negó haber pagado US$245.000 por esos trabajos, como había planteado la fiscalía, y sostuvo que el monto real fue de US$175.000.

La defensa también respondió a las observaciones realizadas por los investigadores sobre la evolución de su patrimonio y sostuvo que la diferencia detectada, de $43.068.549, tenía respaldo en documentación contable y técnica.