La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza obtuvo el respaldo de Unión por la Patria y de sectores de la oposición tras incorporar cambios sobre pensiones, financiamiento y actualización de pagos a prestadores. El texto también fija plazos para cancelar una deuda que supera los $278.000 millones.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece nuevas reglas para garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y regularizar los pagos pendientes a los prestadores de salud.
La propuesta reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que contó con el apoyo de buena parte de la oposición.
El resultado se definió después de intensas negociaciones durante la sesión. El oficialismo introdujo modificaciones a su texto original para incorporar reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que finalmente expresaron su respaldo a la iniciativa.
Entre los cambios centrales, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Además, mantiene el régimen de empleo protegido, establece que los fondos destinados a las prestaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y garantiza el acceso a servicios médicos básicos a través del programa Incluir Salud.
Otro punto clave es la deuda con los prestadores, estimada en $278.323 millones. El Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.
El acuerdo también incluyó la actualización mensual del nomenclador de prestaciones según la inflación, un mecanismo que el proyecto de Presupuesto 2027 propone eliminar.
Pese al consenso alcanzado, desde la oposición reclamaron que el Gobierno retire las disposiciones presupuestarias que contradicen la nueva normativa. Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el Senado para completar su recorrido legislativo.





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