A dos días del inicio del juicio oral, la fiscalía apunta a la intervención del diputado en contratos, cobros y movimientos bancarios de las empresas familiares. La acusación también examina compras de propiedades y obras financiadas por firmas vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López.

La actividad comercial de Los Sauces y las operaciones inmobiliarias de la familia Kirchner estarán en el centro del juicio oral que comenzará este viernes 23 de octubre.

Entre las pruebas que analizará el Tribunal Oral Federal 5 hay registros bancarios, contratos y facturas que, según la fiscalía, documentan la intervención de Máximo Kirchner en el manejo de la firma.

El diputado llegará al debate junto con Cristina Kirchner y otros 17 acusados, luego de que la Cámara de Casación dispusiera que los expedientes Hotesur y Los Sauces se tramiten en un único proceso.

En esta última causa, los fiscales le atribuyen a Máximo los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de organizador.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una serie de cheques vinculados con Valle Mitre, la empresa relacionada con Lázaro Báez que participó de los negocios hoteleros de la familia.

De acuerdo con la documentación, Máximo habría depositado más de 13 de esos instrumentos en una cuenta de Los Sauces en el Banco Santa Cruz.

Uno de ellos, por $68.209,50, lleva una identificación que lo señala como presidente de la sociedad.

La fiscalía también puso bajo análisis la adquisición de propiedades en Madero Center, en Puerto Madero.

La operación, concretada en 2008 por US$1,407 millones, incluyó un pago inicial de US$422.000 -equivalentes entonces a $1.341.960.- mediante un cheque de Néstor Kirchner que fue endosado por Los Sauces. Posteriormente, el inmueble fue alquilado a empresas de Cristóbal López.

A esas operaciones se suma la construcción de cuatro departamentos en un terreno aportado por el expresidente. Una factura de enero de 2009 registra trabajos por más de $1,47 millones a nombre de Los Sauces, realizados por una firma vinculada a Báez.

Para la acusación, los alquileres y las transacciones entre las sociedades integraban un esquema destinado a encubrir el origen de fondos ilícitos. Esa hipótesis deberá ser examinada durante el juicio, en el que se determinará si las pruebas permiten establecer responsabilidades penales.