El debate unificado reúne a 19 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita. La acusación fiscal, los principales acusados y las claves de una causa que involucra a la familia Kirchner y a empresarios.

El Tribunal Oral Federal 5 dará inicio este viernes a las 10 al juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que están acusados Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 imputados.

Florencia Kirchner quedó fuera del juicio tras ser sobreseída por una resolución firme de Casación.

Para la expresidenta será su tercer juicio oral por hechos de corrupción, mientras que su hijo enfrentará por primera vez un debate de estas características.

El proceso reunirá ambos expedientes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de llevarlos por separado. La resolución respondió a pedidos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Alejandro Slokar votó en disidencia.

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La primera audiencia se realizará en la Sala AMIA de Comodoro Py. Los acusados podrán conectarse de manera remota durante la lectura de las acusaciones, aunque sus defensores deberán estar presentes. El tribunal aclaró que las siguientes jornadas serán presenciales y se realizarán los lunes, viernes y sábados.

La investigación busca determinar si se utilizó una estructura de empresas hoteleras e inmobiliarias para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de la familia Kirchner.

En Los Sauces, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de lavado de activos. A Máximo se le atribuye haber organizado esa estructura y participado en maniobras de lavado. En Hotesur, ambos afrontan principalmente cargos por lavado de dinero.

También serán juzgados Lázaro Báez y su hijo Martín, junto con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

Uno de los puntos centrales de la causa Hotesur son los pagos que Valle Mitre, firma vinculada a Báez, habría realizado por más de $28 millones entre 2008 y 2015 por servicios en hoteles que, según la acusación, no se correspondían con una utilización real.