El convenio busca bloquear ventas de tecnología ingresada sin aval en plataformas digitales, pero no abarca las estafas más frecuentes

El Gobierno y plataformas como Mercado Libre acordaron dar de baja publicaciones de productos de contrabando para combatir la venta ilegal.

Este acuerdo interplataformas busca combatir la venta ilegal que representa el 5% del PBI, afectando sectores como celulares y neumáticos.

El acuerdo no impacta al consumidor final; sin embargo, no abarca los crecientes fraudes por inversión que afectan a miles.

El Gobierno acordó con algunas de las plataformas más importantes del país que las publicaciones de productos de contrabando se van a dar de baja. En las últimas horas se conoció un informe de Insight LAC revela que la venta ilegal de productos alcanza el 5% del PBI.

Según pudo saber iProUP, se firmaron convenios marco con nueve entidades y acuerdos específicos de intercambio de información con Meta, Mercado Libre, Frávega y Cetrogar. El comunicado oficial del Gobierno sobre el acuerdo con las plataformas detalla las entidades participantes y el mecanismo previsto para detectar irregularidades.

Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, la asociación que agrupa a las terminales electrónicas argentinas, dimensionó el problema: «Uno de cada tres celulares que se venden en la Argentina no se importó legalmente ni se fabricó en el país».

El mecanismo no es una prohibición general sino un sistema de cruce de datos.

• El primer paso es de información. Los fabricantes van a enviar a las autoridades listados actualizados de productos sospechosos, y las plataformas harán lo mismo, además de controlar a sus principales vendedores para evitar publicaciones fraudulentas. Las empresas y los organismos públicos van a intercambiar reportes trimestrales
• El segundo paso es el cruce. Esa información se contrasta con los registros de la Dirección General de Aduanas y de la Ventanilla Única de Comercio Exterior para detectar mercadería que no tenga respaldo de ingreso legal. Según el comunicado oficial, el Estado Nacional acordó un sistema de cruce de datos entre ARCA y las plataformas para identificar inconsistencias e indicios de ventas irregulares
• El tercer paso es la baja. Meta ya venía aplicando un mecanismo de identificación y eliminación de publicaciones de productos ilegales en Facebook e Instagram, y ahora Mercado Libre se suma a ese esquema. La fiscalización puede escalar por la vía de la Resolución 56/2026, que aprobó el Protocolo de Vigilancia de Mercado, cuyos procedimientos contemplan controles sobre los productos comercializados y pueden derivar en su retiro del mercado, el cese de su comercialización y, cuando corresponda, la intervención de la Justicia.

La implementación es por etapas. Mercado Libre empieza con notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos, y en fases posteriores se incorporarían calzado, textiles, indumentaria, cigarrillos y agroquímicos.

El convenio con la UIA tiene cinco puntos y contempla la coordinación con ARCA, la Autoridad Nacional de la Competencia, el INPI, el SENASA y la ANMAT, además de una mesa de trabajo permanente con un plan semestral y seguimiento trimestral. El alcance cubre tanto los locales físicos como las ventas online.

Si compraste un celular en Miami esto no te afecta

Hay una confusión que conviene despejar de entrada, porque el anuncio puede leerse como un control sobre el consumidor final y no es eso.

El Gobierno acuerda con plataformas digitales para frenar la venta ilegal  (generado con IA)

Vainman fue precisa al definir el alcance del delito. «El contrabando es aquello que uno ingresa al país con fines comerciales», explicó, y marcó el límite con un ejemplo. «Si vos te traés un teléfono de Miami o de Europa o de donde sea para uso propio, eso no es», o lo comprás en una plataforma internacional y lo hacés traer, no es considerado contrabando porque eso está permitido.

Lo que sí queda alcanzado es la escala comercial. «El tema es el que ingresa una cantidad de productos desde afuera con fines comerciales, los vende, los revende. Vos vas, cruzás la frontera y te traés 20 en una mochila, eso sí se considera contrabando«, precisó la directiva.

Dicho de otro modo, el objetivo del convenio es el revendedor, no el viajero. Quien compró un equipo en el exterior para uso personal o lo trajo a través de una plataforma internacional está dentro de lo permitido.

Cuando se habla de contrabando la imagen que aparece es el celular, pero el relevamiento de la mesa que funciona dentro de la UIA abarca un abanico mucho más amplio y con consecuencias distintas. Vainman enumeró los rubros con el mayor nivel de afectación:

• Neumáticos, tabaco y ópticas (anteojos) tradicionalmente son los más afectados
• Calzado, indumentaria, juguetes y cosméticos donde además se pone en riesgo la salud
• Sectores inesperados como cerveza, harina y hasta huevos
• Acero de mala calidad que se utiliza para construcciones, con riesgo de comprometer las estructuras de las edificaciones

El problema de fondo, según la directiva, es que esos productos «no cumplen con las normas de seguridad, los reglamentos técnicos, etcétera».

El contexto económico agrava el impacto para los fabricantes locales. Vainman describió un crecimiento «sostenido en los últimos dos años» del fenómeno y lo cruzó con la situación del mercado. «Esto en un contexto de consumo reprimido o atrasado o reducido es realmente preocupante, porque si tenés pocas ventas y un tercio de esas pocas ventas se nos lleva el contrabando, realmente la situación es muy compleja para nosotros», planteó.

Martín Rappallini, presidente de la UIA, resumió la posición del sector al sostener que «el comercio ilegal destruye empleo formal, evade impuestos y pone en riesgo a los consumidores». La industria genera 1,2 millones de empleos formales y aporta más de un cuarto de la recaudación nacional de impuestos.

«El convenio ataca la vidriera, que es necesario, pero la vidriera es el último tramo de la cadena. El producto ya entró, ya pagó un flete, ya pasó un control fronterizo y ya está en un depósito. Dar de baja la publicación obliga al revendedor a buscar otro canal, y hoy el canal alternativo es un grupo de WhatsApp o una cuenta de Instagram nueva, que se abre en cinco minutos«, analiza Rodrigo Anselmi, consultor en comercio exterior y cumplimiento aduanero.

Qué fraudes digitales quedan fuera del acuerdo con las plataformas

Franco Pilnik, fiscal de instrucción especializado en Cibercrimen, describió a iProUP qué tipo de delito domina hoy el ecosistema digital, y no son los artículos ingresados ilegalmente. «Hoy lo que más hay son fraudes por inversiones», que son personas que ven alguna publicidad, muchas veces generada con inteligencia artificial, donde te recomiendan hacer compras de acciones para ganar dinero sin hacer nada por la mera especulación, explicó.

Y el detalle que convierte ese fraude en un problema financiero y no solo delictivo es lo que la víctima hace para financiarlo. «La gente pone mucho dinero y se endeuda muy fuerte en los bancos para comprar esas acciones», señaló el fiscal.

Puesto al lado del convenio, el desajuste queda a la vista. El acuerdo firmado con Meta cubre la baja de publicaciones de productos de contrabando en Facebook e Instagram. No alcanza a los avisos de inversión fraudulentos que corren por el mismo sistema publicitario de las mismas plataformas. Es la misma empresa, la misma infraestructura de anuncios y dos problemas completamente distintos, de los cuales solo uno quedó dentro del acuerdo.

El contraste de velocidades es el otro problema. El esquema de monitoreo funciona con reportes trimestrales, y Pilnik describió un fenómeno que muta mucho más rápido. «Lo que yo le diga hoy 27 de octubre, probablemente para Navidad, Año Nuevo, ya haya otra modalidad», advirtió. Un sistema de seguimiento cada tres meses persiguiendo modalidades que cambian cada dos es una carrera con ventaja estructural para el que la corre del otro lado.

Según el Informe sobre Bancos del BCRA publicado el 16 de octubre de 2026, con datos de agosto, la mora de las financiaciones a las familias dentro del sistema bancario fue del 12,81%. Cuando el fiscal dice que las víctimas «se endeudan muy fuerte en los bancos» para financiar un fraude, está describiendo una posible relación entre el endeudamiento y las estafas que las estadísticas disponibles no identifican de manera específica.

«Lo que no se mide hoy es cuánta de la mora que ven los bancos empezó en un aviso que prometía rendimientos. El cliente pide un préstamo, dice que es para refacción o para consumo, y la plata va a una plataforma que no existe. Cuando deja de pagar entra a la estadística como un deudor más, no como una víctima de estafa. Esa información no está cruzada en ninguna parte», sostiene Camila Ferrán, especialista en prevención de fraude y riesgo operativo en servicios financieros.

No hace falta pasar por Defensa del Consumidor para denunciar

Consultado sobre si hay que agotar instancias administrativas antes de llegar a la justicia, Pilnik fue categórico. «No, de ninguna manera. Si hay un delito penal eso se denuncia directamente y no hay que agotar ninguna vía», respondió.

El fiscal precisó además dónde se hace el trámite. «Se denuncia directamente en la unidad judicial que quede más cercana, se puede hacer una denuncia por escrito en la mesa del fuero penal, pero si no, la unidad judicial más cercana al domicilio», explicó, y repitió el punto central. «No hace falta agotar absolutamente ninguna vía».

En términos prácticos, quien fue víctima de una estafa por inversiones o de cualquier otro fraude digital no necesita iniciar un reclamo en Defensa del Consumidor, ni esperar una respuesta de la plataforma, ni completar ninguna instancia previa. Puede ir directamente a la unidad judicial más próxima a su domicilio. La demora en esos casos suele ser decisiva, porque cada día que pasa reduce la posibilidad de rastrear el destino del dinero.

La pregunta incómoda la planteó la propia directiva de AFARTE, y es la que define si este convenio va a funcionar o va a ser un acta más.

Vainman, a todo esto, detalló el trabajo acumulado. «Nosotros también, en paralelo, junto con la UIA, nos reunimos con el Ministerio de Seguridad en muchas ocasiones, e incluso hemos asistido a capacitaciones a las que ellos nos convocaron para que las fuerzas de seguridad federales puedan distinguir productos de contrabando de aquellos que no lo son», describió. Desde 2025 la UIA también trabajó en un formulario unificado de denuncias con Defensa del Consumidor y en la capacitación de personal de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

Y el resultado de todo eso fue explícito. «Vemos que a pesar de los esfuerzos los números del contrabando no bajan», reconoció.

Lo que a su criterio distingue al acuerdo del lunes es la jerarquía de quienes se sentaron en la mesa. «Es importante el convenio porque estaban sentados en esa mesa integrantes del Poder Ejecutivo con poder de decisión», planteó, y mencionó al titular de la Aduana, al funcionario de Defensa de la Competencia y al de Defensa del Consumidor, además de la firma del secretario Lavigne. Su conclusión fue: «Lo de ayer es un hito para ver si efectivamente logramos que esto se traduzca en una reducción de este problema».

A comienzos de octubre, representantes de la UIA se reunieron con autoridades aduaneras por la subvaluación de importaciones, un problema que creció desde la eliminación de los precios de referencia y que afecta a textiles, indumentaria, cuero, calzado, celulares, cerveza y tabaco. La Aduana está desarrollando un sistema para cruzar cantidades y precios declarados en las importaciones.

Para el lector que compra en estas plataformas, el balance práctico es bastante simple. El acuerdo oficial para combatir el contrabando en plataformas digitales mejora el control sobre lo que se publica, no sobre todo lo que entra al país. Y el fraude que más crece en esas mismas plataformas, según el fiscal que lo investiga, ni siquiera figura entre los objetivos específicos del convenio.

F:IProfesional