El máximo tribunal rechazó que las causas por presuntas irregularidades financieras pasen al juzgado federal de Campana. Además, ratificó las facultades de control de la Inspección General de Justicia sobre la entidad.

El máximo tribunal rechazó el traslado de los expedientes al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, y resolvió que las denuncias vinculadas con el manejo de los recursos de la AFA sean investigadas en los tribunales porteños.

La resolución forma parte de tres fallos dictados este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que también ratificaron las facultades de fiscalización de la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la institución.

Una de las investigaciones busca determinar si existieron maniobras de administración fraudulenta relacionadas con fondos que la AFA recauda en el exterior. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

El expediente incluye sospechas sobre el destino de ingresos vinculados con contratos comerciales internacionales, entre ellos los celebrados con la firma TourProdEnter LLC, relacionada con el empresario Javier Faroni.

En ese contexto, la Justicia investiga presuntas irregularidades en la registración contable de recursos millonarios y posibles transferencias hacia sociedades vinculadas con terceros.

El juzgado federal de Campana había reclamado la competencia sobre una de las investigaciones por su posible relación con otro expediente que involucra una propiedad de lujo ubicada en Pilar, atribuida al entorno de Toviggino.

Sin embargo, la Corte consideró que no existían motivos suficientes para trasladar la investigación fuera de los tribunales porteños, en línea con el criterio expresado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

La Corte también ratificó el control de la IGJ sobre la AFA

Los fallos del máximo tribunal también alcanzaron la disputa administrativa entre la AFA y la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El conflicto comenzó cuando la entidad que conduce Tapia impulsó el traslado de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, una decisión que implicaría quedar bajo la fiscalización de las autoridades provinciales.

La IGJ rechazó la cancelación de la inscripción de la asociación en el registro nacional, pero esa resolución había sido posteriormente anulada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Ahora, la Corte Suprema revocó la decisión de la Cámara y ratificó que la AFA debe continuar bajo la fiscalización de la IGJ mientras no complete legalmente el procedimiento de cambio de jurisdicción.

De esta manera, el organismo nacional conserva sus facultades para requerir documentación, revisar balances y controlar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de la institución.

Las resoluciones se producen en medio de las tensiones entre la conducción del fútbol argentino y el Gobierno de Javier Milei, que mantiene diferencias con Tapia por el funcionamiento institucional de la AFA y los mecanismos de supervisión estatal.