La causa vincula al empresario a su pareja, Claudia Insaurralde, con una red de narcotráfico y el alquiler de inmuebles cautelados por el Estado debido a las causas de corrupción.

El empresario Lázaro Báez afronta una nueva investigación judicial tras detectarse operaciones financieras ilegales comandadas desde su celda en el Penal de Ezeiza.

La pesquisa encabezada por el fiscal Julio Zárate junto a la PROCELAC detectó un flujo de 390.880.000 pesos mediante bienes embargados en causas previas.

La causa denominada “Tío” surgió tras intervenir el teléfono de Cristian Sebastián Ibañez, señalado como presunto testaferro e imputado en redes de tráfico de drogas. En las comunicaciones interceptadas, el acusado lamentó el decomiso de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia al expresar: “Qué cagada, cayeron los kilos”.

Durante los allanamientos en Santa Cruz, la Justicia secuestró anotaciones contables pertenecientes al detenido y a su pareja Claudia Insaurralde, quien también fue arrestada. Asimismo, el expediente sostiene que la red brindó “apoyo logístico” utilizando estancias y maquinaria de Austral Agro para distribuir estupefacientes.

Claudia Insaurralde

Desde el teléfono público penitenciario, Báez exigió actualizar alquileres de inmuebles cautelados por el Estado bajo amenazas de rescindir contratos. En una de las llamadas grabadas, el detenido advirtió a un inquilino: “El único dueño acá soy yo”.

El esquema financiero incluyó cientos de transferencias bancarias fraccionadas y movimientos circulares ejecutados por el operador Jorge Manuel Ulloa para ocultar fondos. Según la acusación fiscal, las maniobras eludieron los decomisos firmes dictados en los expedientes de Vialidad y la Ruta del Dinero K.