Claudia Insaurralde quedó alojada en el complejo penitenciario. Su defensa negó que haya intentado escapar, pidió que la trasladen a una vivienda en San Vicente y alegó que tiene antecedentes oncológicos.

Claudia Noemí Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue trasladada este domingo al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde continuará detenida mientras avanza la investigación por presuntas maniobras de administración y explotación de bienes que habían sido embargados o decomisados por la Justicia.
La mujer había sido arrestada el lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba de la Patagonia en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La detención se produjo en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a continuar explotando propiedades, campos y maquinarias vinculados al patrimonio del empresario, pese a las restricciones judiciales sobre esos activos.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso la prisión preventiva de Insaurralde y de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, un hombre de confianza de Báez que también fue detenido en el operativo. La medida fue establecida por un plazo de 180 días.
Hasta este domingo, ambos permanecían alojados en dependencias de la Prefectura Naval, en el barrio porteño de Retiro. Con el traslado, Insaurralde quedó alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza. El magistrado dejó a criterio del Servicio Penitenciario Federal la posibilidad de que permanezca en un pabellón destinado a detenidos considerados de alto riesgo.
En paralelo, su abogada, Yanina Nicoletti, presentó un pedido para que la imputada pueda cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en una vivienda de San Vicente, provincia de Buenos Aires.
De qué acusan a la pareja de Lázaro Báez
La investigación busca determinar si existió una estructura organizada para administrar, alquilar, vender y explotar comercialmente bienes relacionados con el empresario, a pesar de que ya estaban alcanzados por medidas de embargo, decomiso o depósito judicial.
La causa se desarrolla en el contexto de la ejecución de las condenas de las investigaciones conocidas como Vialidad y La Ruta del Dinero K. El empresario patagónico cumple una pena de 15 años de prisión por esos expedientes.

El fiscal federal Julio Zárate,
Según la hipótesis del fiscal federal Julio Zárate, Báez habría continuado dirigiendo sus negocios desde la cárcel mediante comunicaciones telefónicas con Ibáñez e Insaurralde. A través de esas conversaciones, habría impartido instrucciones sobre el funcionamiento de sus sociedades, el cobro de alquileres, la renegociación de contratos comerciales y la actividad ganadera de sus estancias.
En ese esquema, la fiscalía le atribuye a Insaurralde un papel central como intermediaria entre el empresario y quienes administraban sus propiedades. Su función habría consistido en transmitir órdenes y participar de la gestión de los bienes.
Entre los hechos investigados figura el alquiler sin contrato escrito de un departamento del edificio Koonek, en Río Gallegos, cuya titularidad corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se le atribuye haber cobrado $7.650.000 durante este año por el alquiler de otra propiedad ubicada en la calle Alberdi.
La mujer, a quien Báez llamaba “La Tía” en conversaciones telefónicas incorporadas a la investigación, mantiene una relación de pareja con el empresario desde hace aproximadamente diez años.
Los motivos por los que pidió la prisión domiciliaria
El pedido de arresto domiciliario se apoya principalmente en dos argumentos: la situación familiar de Insaurralde y sus antecedentes médicos.
La abogada Nicoletti sostuvo que la mujer es la única adulta responsable del cuidado y el sustento de sus dos hijos, de 13 y 15 años. Según el planteo, la detención alteró por completo la organización familiar y dejó a los adolescentes al cuidado de una prima.
Sin embargo, la defensa advirtió que esa situación no puede mantenerse de manera prolongada por dificultades económicas y problemas de salud de la persona que actualmente los asiste. También cuestionó que la fiscalía no hubiera considerado las consecuencias de la detención sobre los menores.
El segundo argumento está relacionado con la salud de Insaurralde. La defensa presentó documentación médica que acredita que en 2024 atravesó un carcinoma mamario, por el que recibió quimioterapia, radioterapia y distintas intervenciones quirúrgicas.
Además, señaló que la mujer tiene pendiente un procedimiento diagnóstico por un hallazgo mamario y que continúa bajo seguimiento médico y tratamiento farmacológico.
“La documentación clínica que se acompaña acredita antecedentes oncológicos de importancia y, particularmente, la existencia de un hallazgo mamario respecto del cual su médico tratante indicó expresamente la realización de un procedimiento diagnóstico que aún permanece pendiente”, advirtió la abogada en el escrito.
Aunque la medicación continúa siendo suministrada durante su detención, Nicoletti sostuvo que el contexto carcelario puede dificultar el acceso oportuno a los controles y procedimientos que necesita.
La defensa negó que haya intentado fugarse
Otro de los puntos centrales del planteo fue el cuestionamiento a la posibilidad de que Insaurralde haya intentado eludir a la Justicia. La mujer fue detenida cuando regresaba a Buenos Aires desde la Patagonia, un desplazamiento que la fiscalía consideró relevante para evaluar su arraigo.
El fiscal Zárate sostuvo que la imputada no tendría vínculos suficientemente sólidos con Buenos Aires, ya que los registros de antenas telefónicas la ubicaban de manera reiterada en Río Gallegos.
La defensa rechazó esa interpretación y aseguró que los viajes a Santa Cruz respondieron a visitas familiares y gestiones personales, sin que eso significara un cambio de domicilio. Como argumento adicional, señaló que los dos hijos de Insaurralde asisten a la escuela en San Vicente.
En el escrito, Nicoletti sostuvo que los desplazamientos de su defendida durante 2026 estuvieron vinculados con circunstancias familiares y personales y que no constituyeron una maniobra para evitar la intervención judicial.
También negó que hubiera existido voluntad de fuga y afirmó que el viaje del que regresaba cuando fue detenida formaba parte de una planificación habitual.
Para respaldar el pedido, la abogada propuso una vivienda de San Vicente que ya había sido inspeccionada y considerada apta por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. En ese inmueble, Lázaro Báez había cumplido anteriormente una medida de arresto domiciliario sin registrar incidentes.





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