En medio de una semana cargada de novedades económicas, la prórroga de la suspensión de juicios y embargos contra pymes, anunciada por el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo, ha sido considerada un salvavidas crucial para el sector productivo. Aunque el anuncio quedó opacado por otras noticias, especialmente en el ámbito cambiario, su impacto en el mundo empresarial ha sido significativo.
La preocupación era tal que muchos dirigentes del sector advirtieron sobre el riesgo inminente de una «cacería de pymes» a partir de agosto, ya que el 31 de julio se marcaba como la fecha límite para la finalización de una resolución emitida a inicios de año. Esta resolución había suspendido los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares para personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas.
Originalmente, esta suspensión estaba diseñada para alinearse con la moratoria aprobada en el primer proyecto de la ley Bases, cuya aprobación estaba prevista para febrero. Sin embargo, el retraso en el Congreso llevó a que la moratoria, ahora bajo la Ley 27.743 «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes», llegara con cuatro meses de demora.
La moratoria establece un régimen de regularización de deudas vencidas hasta marzo, permitiendo a las empresas ponerse al día con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, con el fin de la suspensión de embargos y la reglamentación tardía de la moratoria, muchos empresarios se encontraron con solo la primera semana de agosto para adherirse rápidamente a los planes de pago y evitar así juicios, multas y honorarios.
Gustavo Lazzari, empresario pyme y defensor del alivio fiscal para el sector, explicó que esta situación obligaba a los empresarios a apresurarse en la moratoria por las deudas antiguas y a formular nuevos planes para las deudas más recientes, lo que generaba una sobrecarga de trabajo y estrés financiero.
La perspectiva de una ola de juicios y embargos fue tan preocupante que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó una reunión con Caputo para pedir la prórroga de las sanciones y embargos. Argumentaron que, en un contexto de fuerte contracción económica y caída de ventas, muchas pymes tendrían dificultades para regularizar sus deudas, lo que resultaría en una mayor asfixia financiera.
Finalmente, el gobierno accedió al pedido, extendiendo la suspensión por seis meses, lo que brinda a las pymes un tiempo valioso para analizar sus opciones dentro de la moratoria recientemente reglamentada. La medida alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud.
La decisión fue recibida con alivio por parte del sector pyme, que ha sido uno de los más golpeados por la recesión. Según datos de CAME, en junio las ventas cayeron un 21,9% interanual, mientras que la producción de la pequeña industria retrocedió un 20,4%, con casi un 40% de la capacidad instalada sin utilizar.
CAME ha estado abogando por un alivio fiscal tanto a nivel nacional como provincial. Entre sus principales reclamos, destaca la revisión del Consenso Fiscal 2021, que ha llevado a que miles de pequeñas empresas sufran retenciones y percepciones del Impuesto a los Ingresos Brutos de jurisdicciones en las que no están inscriptas. También denuncian problemas con los saldos a favor de Ingresos Brutos y reclaman un nuevo acuerdo fiscal que evite la situación casi anárquica en algunas provincias con la creación de distintas retenciones y percepciones.
Tras la prórroga dictaminada por el Ministerio de Economía, hubo expresiones de aprobación en el sector, ya que las pymes endeudadas ahora cuentan con un tiempo suficiente para definir una estrategia de pagos con el organismo tributario. La norma prevé variantes de planes de pago.
Lazzari celebró la medida, destacando la rápida reacción del gobierno y su comprensión de las dificultades que enfrentan las pymes debido a la carga tributaria y la complejidad del calendario de pagos. Agregó que, si en agosto hubieran comenzado los juicios y embargos, las empresas se habrían visto obligadas a tomar decisiones apresuradas para minimizar costos adicionales.
El regreso del crédito
En medio de un panorama económico complicado, una de las mejores noticias para las pequeñas empresas ha sido el regreso del crédito productivo, que aunque incipiente, está en rápida recuperación. Hasta mediados de julio, el volumen total de préstamos otorgados por el sistema bancario creció un 9,8% real respecto del mes anterior, con el crédito a las empresas liderando la expansión con un 14% de variación intermensual.
En los bancos, se espera que este fenómeno se intensifique en el corto plazo, impulsado por las últimas medidas de política monetaria. Con la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central, la banca está regresando a un esquema más tradicional de intermediación financiera, donde el crédito al sector productivo vuelve a ser la principal fuente de ingresos para el sistema.
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