El vocero Manuel Adorni reveló que se hallaron “gastos astronómicos” en el organismo durante la gestión anterior y anunció recortes de $90 mil millones.

Una reciente auditoría en el PAMI reveló “gastos astronómicos” y venta de recetas falsas durante la gestión anterior, liderada por la referente de La Cámpora Luana Volnovich. En este contexto, el Gobierno denunció que la exfuncionaria gestionó el organismo con “despilfarro y desidia”.

Desde la obra social de los jubilados remarcaron que el relevamiento aún “está abierto” y que una vez concluido podría derivar en una presentación judicial para deslindar eventuales responsabilidades penales.

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se recortaron $90 mil millones en “gastos políticos innecesarios o provenientes de la ineficiencia” desde el 10 de diciembre. Además, detalló que “se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones” del organismo para reducir el déficit.

Respecto al alto nivel de gastos, el funcionario aseguró que un cálculo de la actual gestión había estimado que, de no haberse realizado el ajuste, “en mayo dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando”.

Según Adorni, el déficit del PAMI se profundizó en 2023 y en noviembre alcanzó los $92 mil millones. “Fue tan grande el despilfarro que se encontraron gastos en publicidad de dimensiones astronómicas equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes”, puntualizó.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención de las autoridades del organismo y que podría tener su correlato judicial una vez finalizado, fue el hallazgo de recetas truchas. “Fue tan obscena la conducción y la desidia que, además, el organismo sufrió un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de estafas. Habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó la catástrofe también en el PAMI”, apuntó el vocero.

Desde el propio organismo se emitió un comunicado alertando sobre su “situación crítica” y la “alta vulnerabilidad financiera” en la que se encuentra. En este contexto, se detalló que la reducción de recursos comenzó con la eliminación de partidas extraordinarias y una importante reducción en la estructura y los cargos jerárquicos. No obstante, el ajuste podría profundizarse aún más ya que el relevamiento continúa “abierto” y están a la espera de la aparente montaña de recursos que se revelaría con la existencia de “facturas truchas” emitidas por médicos, clínicas y farmacias.

“Es un monto superior al ahorro fiscal que informamos”, destacó una fuente calificada del organismo consultada, quien reconoció que, una vez finalizada la auditoría, se tomarán “las medidas necesarias” para denunciar las irregularidades ante la Justicia.

“PAMI es un paciente que está en una situación crítica”, afirmó el director ejecutivo de la obra social, Esteban Leguisamo, en un comunicado. El funcionario señaló que “estamos trabajando arduamente para revertir esta situación y poder garantizar las prestaciones que cada uno de ustedes necesita, a pesar de la situación con la que nos encontramos”.

En esta etapa, la dirección ejecutiva informó que está centrada en resolver las dificultades que se presentan en el sistema prestacional para los jubilados y pensionados y en “tomar las medidas necesarias para lograr un PAMI más eficiente que brinde una atención de calidad a todos los afiliados”.

Los relevamientos han detectado un “uso discrecional sostenido en el tiempo de la plata de los jubilados”. Según se informó, durante el 2023, hubo déficit en 7 de los 12 meses del año. En el último trimestre, fue de $200.000 millones. También se identificaron gastos de más de $3.000 millones en publicidad que, según la evaluación oficial, “equivalen a un año entero de tiras reactivas para todo el padrón de afiliados con diabetes”.

En el organismo también se alertó sobre una “universalización indiscriminada” del Programa Alimentar, que cuadruplicó el gasto en detrimento de quienes más lo necesitan y de la sostenibilidad de la iniciativa. 

Además, como se mencionó, el oficialismo advirtió sobre la “venta de recetas truchas” con un aparente perjuicio económico millonario tanto para PAMI como para los afiliados. “Cada receta trucha es un medicamento que no llegó a un afiliado”, se enfatizó.

También el organismo sufrió durante la gestión anterior un “hackeo” del sistema informático que afectó la información sensible de 5 millones de afiliados. Por último, se detectó a médicos recetando en zonas geográficas que no les correspondían e incluso dictando prestaciones que el afiliado no necesariamente necesitaba.