La vicepresidenta había pedido que se anule la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, Mario Villar rechazó su planteo y ahora deberá presentarse al juicio junto a su hijo, Máximo Kirchner. 17 octubre, 2023

El mes pasado, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la reapertura del caso Hotesur-Los Sauces. Todos los imputados apelaron esa decisión pidiendo la nulidad del fallo y Cristina Fernández de Kirchner, la principal acusada, fue una de las primeras en hacerlo. Pero este martes, el fiscal, Mario Villar, rechazó todos los recursos ante el máximo tribunal penal y reiteró que todos deberán defenderse en un juicio oral y público.

Este nuevo revés judicial obliga a la vicepresidenta y a su hijo, Máximo Kirchner, a afrontar el juicio oral por asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero; dado que la única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner argumentó que la Sala I de la Casación no estuvo debidamente conformada para votar sobre el caso Hotesur, ya que la exjueza Ana María Figueroa no participó. Sin embargo, el fiscal Villar consideró que no se trata de una sentencia firme y, por lo tanto, no hay margen jurídico para pedir la nulidad de lo resuelto por Petrone y Barroetaveña.

Ahora se espera la respuesta de los jueces de la Casación para que, finalmente, pueda sortearse el Tribunal que deberá realizar el juicio. En el caso Hotesur-Los Sauces, se ordenó que permanezca integrando el TOF la jueza Adriana Palliotti que desde un comienzo remarcó que el juicio debía hacerse. En consecuencia, restan sortear dos integrantes más.

Una vez que los jueces Petrone y Barroetaveña se pronuncien, los imputados podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia si así lo desean. Esto significa que, aunque se conforme el Tribunal que llevará a cabo el juicio, este no podrá comenzar hasta que la Corte se pronuncie.

Ante ese escenario, el fiscal de juicio Diego Velasco avanzará con una serie de medidas de prueba que son previas al inicio del debate oral. Entre ellas, se pedirá que se concluyan las pericias contables sobre las empresas de los Kirchner, que se incorporen las más de 300 comunicaciones que el fiscal de instrucción, Guillermo Marijuan, detectó en el marco de la Ruta del Dinero K. Además, Velasco requerirá que se incorporen los mensajes del celular de José López, ex secretario de Obras Públicas, que expuso durante el juicio de Vialidad (donde la vice fue condenada) el fiscal Diego Luciani.

En estos expedientes, la acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para “devolver” parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas, que sus empresas ganaban en licitaciones, a los ex presidentes. En este sentido, la defensa de la vicepresidenta argumenta que no existieron maniobras de blanqueo ya que sostienen que el dinero se encontraba bancarizado y, por lo tanto, no pudo haber una operación “en negro”.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que Florencia Kirchner sólo fue acusada como partícipe de las maniobras investigadas. Además, a la vicepresidenta se le atribuye el delito de dádivas, por tratarse de un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.

Entre los imputados que comparten ambas investigaciones se encuentran Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). Por otro lado, el empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.