Buscando dilatar los procesos judiciales por causas de corrupción, las defensas de más de 200 funcionarios K que están siendo investigados apelan a planteos de forma, que no tratan temas constitucionales.

Cristina Fernández de Kirchner y una serie de ex funcionarios kirchneristas presentaron un total de más de 200 planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de dilatar los procesos en los que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción.

En el Congreso, donde hace meses que el pedido de juicio político a la Corte está dando vueltas en la Comisión de Juicio Político, conformada por figuras ultrakirchneristas como Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, se dice que la vicepresidente dio la orden de seguir con el proceso, aún sabiendo que no tienen la mayoría de dos tercios requerida para lograrlo, hasta el día del cambio de gobierno, con el objetivo de seguir desprestigiando al cuerpo judicial.

En diciembre pasado, la Corte sacó una cautelar donde ordena al gobierno nacional a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa coparticipable, mientras se sigue debatiendo la cuestión de fondo, que es la quita de fondos coparticipables hecha por el presidente sobre el dinero manejado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La Comisión entrará en receso hasta el 1° de agosto, pero hay dos movimientos que llamaron la atención: en primer lugar, este viernes, Valdés presentó en la Biblioteca del Congreso el libro, compilado por él, “Objetivo Cristina: El lawfare contra la Democracia en Argentina”. Fue publicado por la editorial CICCUS, la cual fue subsidiada por 6 millones de pesos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), controlada por el kirchnerismo.

Por otra parte, Tailhade pidió una prueba de voz del ex ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, por el tema de la coparticipación. Como no hay audios con carácter de prueba en ese caso, se sospecha que lo hizo para cargar contra los jueces que viajaron a Lago Escondido en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Mientras tanto, la Corte Suprema está tramitando recursos de causas donde se investiga a la misma ex presidente y otras figuras como Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala y José López. Han presentado planteos para tratar de demorar la tramitación de las causas en instrucción o en juicio oral donde estén imputados el ex secretario de Comunicaciones Lisandro Salas, el ex subsecretario legal del Ministerio de Planificación Rafael Llorens, y el ex subsecretario de Coordinación de Planificación Federal Roberto Baratta.

Las defensas buscan hacer planteos de forma, que no versan sobre cuestiones constitucionales, como pedidos de excepción de falta de acción. Lo que se intenta es que la investigación se cierre anticipadamente, incluso cuando ya fueron rechazados en las cámaras de apelaciones o en la Cámara Federal de Casación Penal.

Esta no es la única táctica: algunos buscan plantear la nulidad del sorteo por el cual se asignó competencia al tribunal oral para intervenir, la recusación de los jueces, o la incompetencia de una jurisdicción. Por otro lado, también se busca hacer pedido de nulidad del requerimiento de instrucción de los fiscales, y del llamado a prestar declaración indagatoria por “imprecisión” de la imputación; solicitándole a la Corte que incorpore otros hechos a la investigación, que darían, según las defensas, “una idea completa de lo sucedido”, y demostrarían la inocencia de los defendidos.

Han llegado también recursos que sostienen que el asunto ya fue juzgado por otro tribunal, y que se le negaron medidas de prueba durante el proceso de instrucción. También figuran otros que se oponen a medidas de investigación como el secuestro de bienes preventivos.

Pese a las denuncias de varios diputados de Juntos por el Cambio contra los avasallamientos e irregularidades cometidos en la Comisión de Juicio Político al abordar diversas denuncias, incluyendo la del funcionamiento de la Obra Social Judicial, éstas fueron ignoradas por los abogados y los miembros de la Comisión.

Las notas, presentadas por figuras opositoras como Paula Olivetto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, incluyen quejas por violaciones como la falta de notificación del derecho a un abogado defensor (incumpliendo el derecho de defensa en juicio), la falta de precisión respecto del sujeto acusado (corriendo el riesgo de caer en una sanción arbitaria), la falta de fundamentación (no hay relación entre los cargos y las pruebas), y el tránsito del juicio político sin método, orden ni plan de trabajo.