El juez Raúl López, responsable de otorgar la domiciliaria a Parisi, también concedió el mismo beneficio a otros implicados en la causa narcopolítica, incluido el ex intendente Carlos Martínez

El escándalo narcopolítico que sacude la región fronteriza de Orán ha sumado un nuevo capítulo con la decisión de la Fiscalía de apelar la prisión domiciliaria otorgada al juez Claudio Parisi. El magistrado, quien enfrenta múltiples acusaciones, incluyendo entorpecer una investigación sobre un homicidio perpetrado por sicarios, había sido el último detenido en una causa que expone vínculos entre la justicia, la política y el narcotráfico en la frontera con Bolivia.

Parisi, juez de Garantías de Orán, fue beneficiado con la prisión domiciliaria en las últimas horas, generando preocupación en los fiscales que llevan adelante la investigación. Estos aseguran que la permanencia del magistrado en su domicilio compromete el avance de las cinco causas que pesan en su contra, vinculadas a hechos de corrupción y narcotráfico. La investigación, que involucra también a otras figuras públicas de la región, ha puesto en evidencia una serie de maniobras judiciales que, según los fiscales, favorecen a los imputados.

La Fiscalía ha presentado un recurso para revertir la medida dictada por el juez Raúl López, quien previamente también otorgó la prisión domiciliaria a otros acusados en el mismo caso: Carlos «Conejo» Martínez, exintendente de Aguas Blancas, y su abogado, Roberto Ortega Serrano. Ambos fueron detenidos en el marco de la misma investigación que desató la intervención de la municipalidad de Aguas Blancas y motivó la implementación de un plan de seguridad federal en la zona, impulsado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A pesar de los intentos de la defensa de Claudio Parisi, quienes argumentan que las pruebas en su contra son insuficientes, la Fiscalía se mantiene firme en su postura. Señalan que la liberación domiciliaria del juez no solo afecta la causa en curso, sino que puede influir en el rumbo de otras investigaciones que lo vinculan con cohecho agravado y sobornos a cambio de beneficios judiciales para personas relacionadas con el narcotráfico.

El homicidio de César «Oreja» Martínez, un hecho que conmocionó a la ciudad de Orán por su brutalidad —con 17 disparos en plena vía pública—, es uno de los puntos centrales en la investigación. La Fiscalía sostiene que Parisi habría interferido en las pesquisas del caso, lo que sumó gravedad a las acusaciones que ya enfrentaba por corrupción. Aunque las dilaciones judiciales han sido un obstáculo, el Ministerio Público confía en que las apelaciones procederán con celeridad para evitar que el proceso pierda impulso.

Con el avance de las investigaciones, toda la provincia sigue expectante. El caso, que ha expuesto los oscuros vínculos entre el poder judicial, la política local y el narcotráfico, representa un reto para las autoridades que buscan esclarecer los hechos y llevar a todos los responsables ante la justicia.