El año pasado la pérdida real fue de 16%, tras haber caído 5,6% en 2022. Ahora quedan atadas al IPC mientras el Gobierno espera una suba de la recaudación

La fórmula de indexación de la jubilación cambiará una vez más, pero la intención sigue siendo la misma de cada reforma jubilatoria: que el monto total del gasto previsional crezca por debajo de la recaudación tributaria.

Esa había sido la motivación de los funcionarios macristas en 2017, con la polémica ley votada bajo una pedreada contra el Congreso; también fue la intención del ex ministro Martín Guzmán y, ahora, es la intención de Luis «Toto» Caputo, que quiere que el gasto en jubilaciones tenga este año un recorte de 0,4% del PBI.

De hecho, el cambio de régimen coincidirá con el momento a partir del cual el Gobierno espera que comience a disminuir rápidamente la inflación. Algunas estimaciones de economistas que asesoran al Gobierno plantean que, si el plan económico sale bien, ya en abril podría volver a registrarse un IPC de un dígito.

Y el propio Ministro había adelantado que para esa fecha se aplicaría un nuevo régimen, cuyo objetivo sería defender a las jubilaciones de la erosión inflacionaria. Es decir, lo que ocurrirá a partir del nuevo acuerdo negociado para la Ley ómnibus es que se hará en marzo el último ajuste utilizando la fórmula vigente y luego comenzará un sistema de ajustes mensuales por IPC.

Esto significa que en el momento en el que se produzca el pico inflacionario -el trimestre diciembre-febrero- continuará rigiendo la fórmula que no toma en cuenta a la inflación sino a la recaudación de Anses y la variación salarial.

Y, a partir de ese momento, el gasto jubilatorio irá acompañando a una inflación en sendero descendente, mientras varios rubros de ingreso tributario -por ejemplo, las retenciones a la exportación- seguirán en niveles ascendentes.

La nueva fórmula desvincula el ajuste jubilatorio de la recaudación de la Anses y la hace depender sólo de la inflación

Por otra parte, el nuevo régimen desvinculará a las jubilaciones de la evolución de los salarios y de la recaudación de la Anses. Esto implica que cuando eventualmente se diera un rebote de la actividad, la masa del gasto jubilatorio no se incrementará en términos del gasto público.

¿Funcional al plan de Toto Caputo?

De acuerdo con las proyecciones que se hacen en el sector privado, el acumulado de inflación entre diciembre y febrero ese trimestre podría superar un 75%. Si ahora mismo estuviese vigente el ajuste por inflación, entonces la jubilación mínima a abonarse en marzo debería ser de aproximadamente $185.000.

Sin embargo, la actual fórmula dará una cifra muy inferior, como viene ocurriendo sistemáticamente: en septiembre hubo un incremento de 23%, cuando la inflación acumulada había sido de 26,5%. Y en diciembre, con una inflación ya disparada en 37%, el ajuste fue de apenas 20%.

Fue ese desfasaje el que obligó a complementar con bonos fijos a las franjas de jubilados de menores ingresos. Fue tal el rezago que, en el cierre de la campaña electoral, el entonces ministro Sergio Massa tuvo que anunciar un refuerzo en el bono de $27.000, que se había quedado corto, y pasó a $37.000.

Ahora, la mínima está ayudada por un nuevo bono de $55.000, que se repetirá en enero y febrero. Por cierto, con una inflación que, en el mejor de los casos, rondará el 20% mensual, también ese bono sufre una rápida «licuación».

De manera que cuando llegue el momento de empezar a aplicar la nueva fórmula indexatoria mensual, ya se arrancará con un nivel de jubilación que estará en uno de los puntos mínimos de los últimos años.

Sólo en 2023, se registró una caída de 16,3% en el poder de compra de la jubilación, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y esto ocurrió después de un 2022 en el que, a su vez, los haberes habían perdido un 5,6%.

La política de bonos atenuó esta pérdida para los beneficiarios de la jubilación mínima, que es lo que llevó a los funcionarios del gobierno saliente a afirmar que «las jubilaciones le empataron a la inflación». Pero, en realidad, ese cálculo está hecho «entre puntas», es decir que sólo toma en cuenta los momentos de los aumentos, pero no considera la pérdida ocurrida mientras la inflación queda congelada durante un trimestre en el que los precios siguen subiendo.

En el plan del ministro Caputo, el gasto jubilatorio debería disminuir este año en 0,4% del PBI

¿Pueden crecer las jubilaciones?

Con el nuevo acuerdo, se plantea el gran interrogante: ¿dejarán, finalmente, de perder poder adquisitivo las jubilaciones? Y la respuesta, por la información que se ha difundido hasta ahora,es que no. Y esto ocurre por dos motivos: uno es que al atar la jubilación a la inflación se impedirá que crezcan desde sus deprimidos niveles actuales; el otro es que el momento en el que se hace el cambio de fórmula contiene una «picardía» que hará que no se aplique el efecto inflacionario de enero.

Una estimación hecha por el econmista Emmanuel Álvarez Agis indica que en marzo podría haber un ajuste de 35% en las jubilaciones mientras la inflación entre diciembre y febrero rondaría el 76%. Atribuye esa diferencia al efecto rezago: para el momento en que se produce el aumento, no se toman en cuenta los últimos datos sino los de dos meses antes.

Por otra parte, indica que, al cambiarse la fórmula en abril, se utilizará el dato de la inflación mensual de febrero, que será la última disponible. Y eso conlleva el riesgo de «saltearse» un mes en el cálculo de la actualización.

«Considerando que la fórmula de ajuste en marzo 2024 toma variaciones hasta diciembre 2023 y el nuevo mecanismo de actualización se determinará a partir de la inflación de febrero 2024 en adelante. Por tanto, el cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024″, afirma el economista.

En este momento, ese es uno tema central del debate: desde el peronismo se acusa a Caputo de «ahorrarse» el ajuste por la inflación de enero, como forma de aliviar el peso fiscal de las jubilaciones.

Mientras tanto, entre los puntos positivos de la reforma, se minimizará la erosión inflacionaria a futuro. El hecho de que ajuste todos los meses en vez de tener saltos en períodos trimestrales hace que no sea tan grave la pérdida que ocurre en los meses en que la jubilación queda fija mientras los precios suben.

Pero la realidad es que los sistemas que únicamente toman en cuenta al IPC nunca pueden hacer que la jubilación crezca en términos reales. En el mejor de los casos, sólo pueden lograr que se mantenga en su nivel actual.

La única posibilidad de una mejora es que la canasta relevante para los jubilados -que tiene una mayor ponderación de los rubros de alimentación y de cuidados de la salud que la canasta promedio- pueda abaratarse en términos relativos. Esto ocurriría si, por ejemplo, rubros como los de esparcimiento o indumentaria aumentaran por encima del promedio.

Pero el punto relevante para el momento del cambio de régimen es que quedaría «congelado» el nivel de las jubilaciones en uno de sus puntos más bajos. De hecho, la mínima -incluyendo el bono vigente- es de $160.000, cuando la canasta básica para una pareja de jubilados asciende a $294.159, según la estimación del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac).

Otros cálculos, como el de la Defensoría de la Tercera Edad, estima esa canasta en una cifra más alta: su última actualización a octubre daba $313.185. En cualquier caso, la conclusión es que una gran mayoría –casi seis de los siete millones de jubilados- perciben actualmente un monto por debajo de esos niveles de subsistencia.

Una obsesión de todos los gobiernos

Lo cierto es que las jubilaciones han sido la variable de ajuste de la economía. En 2022 equivalían a 34,8% del gasto total, y en el último año esa ponderación cayó un punto.

La caída del 6,1% en el rubro de jubilaciones y pensiones constituyó uno de los principales recortes fiscales, en contraste con lo ocurrido con el pago de salarios al personal del Estado, una categoría presupuestaria que el año pasado subió 8,5% en términos reales.

La fórmula aplicada por el gobierno saliente hizo que el poder adquisitivo de las jubilaciones perdiera en términos reales un 16% el año pasado

Dado que las jubilaciones son, por lejos, el rubro de más peso en el gasto público, el objetivo de disminuir su peso respecto de la recaudación tributaria ha sido una constante en los últimos años, y se trata de un objetivo que no distingue ideologías ni partidos. Lo que sí ha cambiado es la metodología aplicada.

Cristina Kirchner aplicaba una fórmula «pro-cíclica», en la que el monto de la jubilación estaba vinculado a la recaudación, y eso hacía que las jubilaciones cayeran en términos reales en los momentos recesivos.

Luego, con la gestión de Mauricio Macri, la intención del entonces ministro Nicolás Dujovne era que el monto jubilatorio disminuyera su peso fiscal. Como en aquel momento se preveía un incremento de la recaudación, en simultáneo con una inflación descendente, resultaba políticamente aceptable una fórmula que indexara por inflación. Se cumplía el compromiso de no disminuir el poder de compra de los jubilados, pero al mismo tiempo se permitía un alivio fiscal.

La fórmula finalmente aprobada, tras una intensa disputa en el Congreso y una violenta protesta en el exterior, fue una combinación entre la indexación jubilatoria y la de evolución salarial.

Las cosas, por cierto, no salieron como preveía el gobierno macrista, porque la inflación empezó a acelerar en vez de bajar. Pero la fórmula jubilatoria sí cumplió su cometido, dado que el nuevo mecanismo de indexación ayudó a que se terminara con un virtual equilibrio primario en 2019. Claro, la parte que no se cumplió fue la de la preservación del poder adquisitivo: tras dos años de aplicación, la pérdida real de los jubilados fue de más de 13%.

A pesar de las promesas de la campaña electoral, la situación no mejoraría tras la asunción de Alberto Fernández. Sobre todo, a partir de la aprobación de la ley impulsada por el ministro Guzmán, por la cual la jubilación ajustaba trimestralmente, y la cifra dependía en 50% de la recaudación de Anses y en 50% de la variación salarial.

Se retomaba así la filosofía «pro-cíclica», que inexorablemente hacía perder a los jubilados poder adquisitivo real en los momentos de suba de la inflación. El mismo hecho de que haya sido necesario aplicar bonos complementarios -algo que se aplicó durante toda la vigencia de la ley- fueron un reconocimiento tácito de que los problemas que implicaba ese mecanismo indexatorio.

Es con esa situación en mente que Caputo responde a quienes lo critican por pretender establecer un sistema «discrecional»: su argumento es que la aplicación de bonos extra para ayudar a los jubilados de la mínima ya constituye, de por sí, un mecanismo discrecional porque no está regido por ninguna ley, y tanto el monto como el momento del pago del bono depende de la voluntad de un funcionario.