Roberto Catalino Bejarano y sus hijos Santiago Ismael y Roberto Davida están imputados por el asesinato cometido en un contexto de narcocriminalidad.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, juzgará desde de este jueves a tres hombres, un padre y dos hijos, imputados por el asesinato de Darío Monges, cometido en septiembre de 2022.

Monges fue asesinado de cinco disparos en la cabeza. El cuerpo fue encontrado el 3 de septiembre de 2022, alrededor de las 12.20, en el barrio El Círculo, en la zona sudeste de la ciudad de ASalta. El cuerpo estaba dentro de una Ford Eco Sport. 

El fiscal federal Eduardo Villalba, de la PROCUNAR NOA, sostiene que el homicidio respondió a desavenencias por un negocio de drogas con los tres acusados, quienes podrían recibir penas de prisión perpetua, de comprobarse su responsabilidad penal.

Roberto Catalino Bejarano y sus hijos Santiago Ismael y Roberto David están acusados de «homicidio agravado por alevosía, por el número de intervinientes y por uso de arma de fuego». Además, los dos hermanos serán juzgados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En su inicio, el caso fue investigado por el Ministerio Público de la provincia, con intervención de la jueza de Garantías Sandra Espeche. Después de la detención de los tres acusados y su imputación formal, la magistrada declaró la incompetencia de la justicia ordinaria y giró las actuaciones al fuero federal, debido a que se determinó que el homicidio involucraba a organizaciones narco criminales. 

La fiscalía federal ratificó la acusación contra los Bejarano en la audiencia de control de acusación en la que sostuvo que el crimen de Monges se cometió en el marco de una red de tráfico de estupefacientes, en el que se encontraba involucrada la víctima con los imputados.

Cómo fue el crimen 

La fiscalía señaló que la reconstrucción de las últimas horas de vida de Monges permitió individualizar a los Bejarano como los autores del ataque homicida. 

En la antesala del crimen, los acusados, la víctima y otra persona implicada que aún no fue identificada, se trasladaron en la camioneta Ford, entre las 22 horas del 1 de septiembre y las primeras horas del día siguiente. Ese viaje terminó en el lugar en que fue hallado muerto Monges. La acusación sostiene que fue asesinado de manera premeditada y acordada entre los acusados, quienes usaron dos armas de fuego que no pudieron ser secuestradas. Según la fiscalía, los imputados primero redujeron a la víctima y luego le dispararon en la cara y el cráneo. Sobre el móvil del crimen, el fiscal indicó que se debió a inconvenientes vinculados al narcotráfico.

Los hermanos hermanos Bejarano están acusados también por tenencia de estupefacientes, el fiscal recordó que en el allanamiento en el que fueron detenidos, en la vivienda familiar, se secuestraron cuatro envoltorios, un frasco y otro envoltorio con un total de 174,49 gramos de marihuana, de las que se pueden obtener 971 dosis y 346 cigarrillos.

La visita al sicario

Darío Monges era hermano del exfutbolista de Juventud Antoniana, Damián Monges, y también fue colaborador político del exdiputado Mario Moreno, del partido Memoria y Movilización, y se supo que hacía trámites para el municipio de Vaqueros. El crimen cobró relevancia a nivel provincial por esos vínculos, y mucho más cuando trascendió que el 1 junio de 2022, Darío Monges había visitado de forma irregular al sicario Oscar Díaz en la cárcel de Orán. 

Monges se hizo pasar por abogado y asesor del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta (que entonces conducía Abel Cornejo) nombrando al entonces secretario de esa cartera, Benjamín Cruz, y solicitó entrevistarse con el interno procesado por sicariato, Oscar Díaz. 

Después de la muerte de Monges, se supo que al enterarse del ingreso irregular al penal, Cornejo ordenó el inicio un sumario y remitió el caso al Ministerio Público Fiscal para que investigue un posible delito de acción pública. Ese hecho se sigue investigando en el fuero provincial, Cruz fue desligado del asunto y declaró como testigo. El que resultó imputado fue el director de Políticas Penales, Ángel Sarmiento. 

«Cruz me pidió que gestione el ingreso de esta persona que iba a ingresar solamente para hacerle firmar un poder al interno Oscar Díaz», había dicho Sarmiento en una entrevista. Después lo imputaron por la autorización del ingreso irregular al penal y por esas declaraciones mediáticas, como «autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública».

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