Corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad: Desvío de USD 3.400 millones en pensiones por invalidez

El Gobierno ha destapado un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelando un desvío de fondos que podría ascender a 3.400 millones de dólares. Según las nuevas autoridades, ahora bajo el Ministerio de Salud, este desvío representaría alrededor del 40% del presupuesto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. La denuncia penal fue realizada por Diego Spagnuolo, director ejecutivo del organismo, y está siendo investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Las auditorías realizadas por La Libertad Avanza han mostrado que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos legales. Los documentos auditados incluyen casos absurdos, como la presentación de una radiografía de un perro como prueba de incapacidad laboral. Se descubrió también la utilización de radiografías idénticas en diferentes expedientes, certificados médicos falsificados y documentos con poemas en lugar de diagnósticos. Los funcionarios señalaron que no había controles médicos adecuados en la ANDIS y que los expedientes eran aprobados sin auditoría médica.

Las autoridades de la ANDIS han indicado que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán dadas de baja tras una revisión exhaustiva a nivel nacional. El sistema de pensiones por invalidez laboral, caracterizado por su falta de transparencia y alta susceptibilidad al fraude, se utilizó para favores políticos, afectando gravemente a las personas con discapacidad.

De los 2.559 casos auditados hasta el momento, solo 185 cumplen con los requisitos establecidos. Estas pensiones fraudulentas ya han sido dadas de baja, y se han encontrado otras irregularidades, incluyendo la contratación de artistas y gastos excesivos en eventos no relacionados con la asistencia a personas con discapacidad.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, entre 2003 y 2015, el número de pensiones no contributivas por invalidez laboral se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra llegó a 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023. Marijuan ha señalado que este aumento se debió a una flexibilización de los criterios para otorgar pensiones, usada para beneficios políticos. La investigación ha revelado que muchas personas estaban recibiendo pensiones sin cumplir con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad, incluyendo individuos con propiedades, vehículos y trabajos registrados.

Las nuevas autoridades de la ANDIS han confirmado que aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas presentaban incompatibilidades. Este fraude ha desviado fondos cruciales destinados a personas con discapacidad, afectando gravemente a este sector vulnerable y favoreciendo a unos pocos en detrimento de los derechos de quienes realmente lo necesitan. La investigación continúa y se espera que nuevas auditorías revelen más irregularidades en el sistema de pensiones.