De la economía de la motosierra, a la política del bisturí
Nota extraída de La Nación por Florencia Donovan
El Gobierno parece haber acelerado su curva de aprendizaje político; en lo económico, la desaceleración de la inflación podría no ser carta suficiente para los meses que vienen
Aerolíneas Argentinas está por lanzar un ambicioso plan de retiros voluntarios. La línea de bandera, que desde su estatización en 2012 les costó a los contribuyentes unos US$8000 millones, consiguió en los últimos días que el ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente le libere una partida de $50.000 millones. Esto tiene el fin exclusivo de poder armar una apetecible propuesta de retiro para sus empleados. El objetivo es recortar al menos unos 500 puestos de una plantilla de 11.500 (en diciembre era de 12.050). A cambio, la gestión a cargo de Fabián Lombardo le aseguró a Economía que este año no demandará fondos adicionales para cubrir su déficit operativo, toda una anomalía desde que la empresa está en manos estatales.
Pese a que la línea de bandera fue excluida en el texto de la Ley Bases aprobado por el Senado, en el Gobierno no resignan la idea de poder reincorporarla. La empresa, por las dudas, ya está haciendo los deberes. Solo espera a que Diputados termine de aprobar la ley, para así poder avanzar en las otras medidas que tiene previstas para terminar de equilibrar sus finanzas. La renegociación del convenio colectivo de trabajo con los gremios aeronáuticos promete ser la madre de todas las batallas. Pero no hay margen para abrir frentes de conflicto político hasta tanto no se termine de alinear a toda la política detrás de la Ley Bases.
El Gobierno parece haber hecho su curva de aprendizaje político. Después de seis meses de mandato, vuelve a tomar la iniciativa con una nueva convocatoria al Pacto de Mayo, ahora con fecha el 9 de julio. Es necesario sostener la mística de cara a un segundo semestre en el que el “plan de transición”, tal cual lo definieron sus ideólogos hoy al frente de la gestión económica, deberá mutar hacia un plan de crecimiento. Para ello, la política y la capacidad de gestión juegan tanto o más que los números duros. El gran logro de los primeros seis meses, la desaceleración de la inflación, podría no ser suficiente para los meses que vienen. Los empresarios todavía esperan ver más del libertario antes de apostar en serio –”el riesgo país para financiar inversiones nuevas todavía tiene que bajar más”, ilustraba un experimentado inversor, que en los últimos días estuvo de visita por Buenos Aires–, y seguirán exigiendo reformas de fondo. Ya en la gestión de Mauricio Macri se vio que, pese a los grandes anuncios, la “lluvia de inversiones” se tomó su tiempo. La redención de la Argentina en el mundo inversor no vendrá de un día al otro. No importa cuán locuaz, auténticas o atractivas puedan ser las manifestaciones de Milei en el mundo.
No son meses fáciles en lo económico, pese a que algunos indicadores podrían estar mostrando que lo peor ya pasó. Esta semana, el índice de producción industrial que elabora FIEL registró una caída de 11% interanual en mayo, pero una suba de 1% desestacionalizada con respecto a abril. Lo mismo sucedió con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), del Indec, que si bien cayó 37% en abril versus igual mes de 2023, en su serie desestacionalizada tuvo una leve mejora de 1,7% respecto de marzo. En los últimos 30 días, en tanto, el crédito al sector privado en pesos trepó 15,8% –según datos del Banco Central (BCRA)–, mientras que los depósitos privados en la misma moneda apenas aumentaron 4,6%. Empresas que se dedican a la venta de bienes durables empiezan a ver cómo el financiamiento privado empieza a traccionar. Según el último informe publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en mayo pasado, se registraron unas 24.634 prendas cuyo bien prendado es un vehículo automotor; una de las cifras más altas de los últimos años. El 40% de los patentamientos de unidades 0 km se hicieron con algún tipo de financiación (en promedio, en los últimos años no superaban el 33%), mientras que el 7,1% de las transferencias de usados se hicieron con crédito (contra un promedio más cercano a 6%). Son datos levemente alentadores en un mar aún convulsionado.
Las encuestas, entre tanto, siguen mostrando un presidente competitivo; suficiente para que los gobernadores tengan incentivos para alinearse. Aunque Economía también cumple su parte: empezó a endulzar a aliados mediante la liberación de algunos fondos para obras, además de la promesa de refinanciaciones de los pagos comprometidos al Fideicomiso Financiero de Desarrollo Provincial. Aunque de nuevo los problemas en la gestión son evidentes, es muy poco –anticipan quienes siguen de cerca los datos– lo que se está efectivamente ejecutando. “Algunos organismos tienen miedo a gastar o a poner la firma”, reconoce una fuente de Economía.
Así y todo, en la cartera que conduce Caputo no descartan poder dar en junio una sorpresa con los datos fiscales. Pese a que el presidente Javier Milei reconoció públicamente que es muy probable que este mes el sector público registre déficit fiscal por primera vez en el año (por el pago de aguinaldos y ajustes estacionales), una nueva demora en el pago a las generadoras de energía haría toda la magia para poder mostrar un resultado equilibrado o apenas negativo. Pese a la promesa que hace apenas semanas les hizo Caputo, a las generadoras solo se les pagó hasta ahora el 35% de la cuenta energética de abril. Las empresas, a través de la cámara que las representa, hicieron su reclamo esta semana en el ministerio por escrito. Pero a Cammesa, la empresa estatal encargada de canalizar los pagos, se le hicieron transferencias por apenas $42.000 millones en lo que va de junio. Esta vez, Caputo podrá escudarse en cuestiones operativas: Cammesa se quedó sin presupuesto (también le cabe la vigencia del presupuesto nacional 2023), por lo que haría falta un decreto para subsanarlo. Según las fuentes, es difícil pensar que ese decreto se publique antes de fin de mes. Las dilaciones de la gestión no siempre juegan en contra. Pero es de esperar que las empresas internacionales vuelvan a presentar quejas por vía de sus embajadas. Un antecedente complicado. Son los mismos stakeholders que después tienen la última palabra en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las negociaciones con el FMI recién comienzan. El Gobierno aspira a conseguir US$10.000 millones del organismo internacional de crédito. Pero, según algunas fuentes, negocia al mismo tiempo con algunos gobiernos europeos para poder extender garantías y hasta con algunos países árabes. El Fondo, por su parte, les sugirió a otros organismos como el Banco Mundial que modifiquen su estrategia hacia el país. “El FMI no quiere desatender la cuestión social –confía una fuente al tanto de las negociaciones–, pero la idea es modificar los programas de base, no dar tanta plata para gastos corrientes en asistencia, como podría ser la Tarjeta Alimentar o la AUH, y, en vez, dar financiamiento para inversión, que genera productividad, trabajo”, dicen. Otro desafío para la ministra Sandra Pettovello.
Cualquiera sea el caso, lo que queda claro de las conversaciones de funcionarios de Economía con inversores privados es que no hay intención de asumir riesgos en el corto plazo, ni con el levantamiento del cepo ni con la rebaja de impuestos. “No queremos tener que retroceder, como nos pasó con Macri”, admite un funcionario. De aprobarse la suba de Ganancias, no obstante, en Economía aseguran que cumplirán con su promesa de rebaja de 10 puntos en el impuesto PAIS para las importaciones. La medida, más allá del impacto que podría tener en diversas industrias, podría servir para al menos mojarles la oreja a los productores de celulares favorecidos por el régimen especial de Tierra del Fuego que, una vez en el gobierno, el libertario Milei se negó a cuestionar. Hoy no hay impedimentos para traer celulares (salvo los topes anuales por persona) con el sistema de correos privados, “puerta a puerta”. Con una menor carga impositiva, pronto no será difícil que el mismo Samsung S24 que en Amazon sale US$1300 compita en precio con el que en la Argentina se vende a casi US$2500, al cambio oficial. Lo que el Estado en este caso no se anima a hacer tal vez finalmente el mercado lo logre.
En los próximos días, mientras se aguarda la sanción de la Ley Bases, Economía espera avanzar en la eliminación de los cuatro fondos fiduciarios que están a tiro de decreto. Ya está la decisión tomada de dar de baja en el cortísimo plazo el Fondo Fiduciario de Cobertura Universal de Salud, el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce). También se terminará de desmantelar el Foncap, aquel fondo que se originó para financiar a microemprendedores, inspirado en la experiencia del economista Nobel de la Paz Muhammad Yunus y que tuvo entre sus gestores al otrora líder del PJ provincial José Ottavis. Pequeños avances para una gestión que ahora deberá mostrar que maneja tan bien el bisturí como la motosierra.
