La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo descubrió después de un nuevo entrecruzamiento de datos. A estos se suman los 331 prófugos de la justicia que percibían el mismo beneficio por parte del Estado.

En un nuevo operativo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presas cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.

El 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza al que accedió este medio.

La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras del titular de la ANDIS.

El anuncio que realizó en su conferencia de prensa diaria el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se suma a un operativo anterior en el que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De estos, 33 fueron puestos a disposición de la justicia y 14 fueron capturados en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.

El dato de los prófugos y presos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a partir de las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

El cruce de datos realizado por la ANDIS abarcó todo el país, y la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada jurisdicción provincial cuenta con sus propios registros de personas procesadas y condenadas. Como resultado de esta auditoría, se procedió a dar de baja a estos beneficiarios, con el objetivo de devolver esos recursos a los contribuyentes y mejorar la eficiencia del Estado.

Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, quien recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.

La ANDIS ha reafirmado su compromiso de asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan, y este operativo es un ejemplo de la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. “La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, afirmaron desde la Casa Rosada.

Los primeros distritos en ser auditados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.

Con información de Infobae