Héctor Martínez Sosa y sus empresas “satélites” recibieron más de $2.297 millones en comisiones de aseguradoras estatales entre 2019 y 2023.

La influencia de Héctor Martínez Sosa, apodado “Hecky”, en el ámbito de los seguros estatales floreció durante el mandato presidencial de su amigo Alberto Fernández. Según datos judiciales y financieros, el hombre acumuló aproximadamente $2.297.820.134 en comisiones entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, lo que equivale al 60% del total de las comisiones pagadas por Nación Seguros.

La proximidad con Fernández habría sido clave en la obtención de estos contratos, muchos de los cuales involucraron a organismos públicos y se canalizaron a través de empresas satélite que trabajaban en conjunto con la firma de Martínez Sosa.

La figura de Héctor Martínez Sosa cobró notoriedad en las últimas semanas, luego de que salieran a la luz detalles de reuniones clandestinas en la quinta presidencial de Olivos y de mensajes filtrados que sugieren un entramado de favores y regalos costosos para mantener su influencia.

Entre los obsequios mencionados en los chats del expediente judicial figuran relojes de lujo, corbatas exclusivas y hasta un cuadro original de Perón y Evita que habría sido un símbolo de lealtad y gratitud hacia el entonces presidente.

El vínculo de amistad entre ambos se extiende por años, pero fue durante la administración de Fernández cuando el bróker obtuvo contratos millonarios con hasta 19 organismos estatales. Entre estos se destacan entidades como el Ministerio de Seguridad, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda y el Fondo Nacional de las Artes.

Además, el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la investigación, subraya que Martínez Sosa habría utilizado la figura de su pareja, María Cantero, histórica secretaria de Fernández, para acercarse a sectores clave de la administración pública.

Contratos millonarios y organismos implicados

Martínez Sosa y su red de contactos lograron establecerse en el esquema de seguros de numerosas entidades públicas, en un contexto de asignación directa de contratos y procedimientos poco transparentes. Durante 2023, las comisiones cobradas por las empresas de “Hecky” y sus socios superaron los $366 millones, mientras que en años anteriores se habían acumulado montos de menor envergadura, pero igual de significativos, como los $29.7 millones en 2021 y $156.6 millones en 2022.

En el marco de la causa, el juez Ercolini citó a varios otros bróker y empresas vinculadas a Martínez Sosa, quienes habrían operado como una especie de “pantalla” para canalizar las transacciones. Entre estas firmas se encuentran nombres reconocidos en el mercado de seguros y personas con conexiones directas en el ámbito político, incluyendo la empresa Bachellier, que obtuvo una millonaria póliza para la Gendarmería Nacional, y empresas intermediarias como San Ignacio, TG Broker y París Broker. En total, sumando estos socios satélites, las comisiones relacionadas a Martínez Sosa alcanzarían casi el 60% de lo desembolsado en comisiones de seguros estatales.

La conexión con Alberto Fernández, si bien conocida, ha sido destacada en los documentos judiciales. Ercolini sostiene que Fernández, mediante su influencia y rango, se encargaba de supervisar y garantizar la designación de brokers para distintos organismos, un proceso que, según la investigación, se realizaba por fuera de los canales formales y con cartas firmadas a mano en lugar del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Este mecanismo habría facilitado la concesión de comisiones a empresas seleccionadas y de confianza, sin intermediación de procedimientos regulares de contratación.

Entre los organismos implicados en la causa se destacan el Ministerio de Desarrollo Social, la Jefatura de Gabinete, la Casa de Moneda, el Ministerio de Ambiente y varios otros que se inclinaron por estos nombramientos informales. Los documentos revelan cómo algunos funcionarios emitían cartas de designación sin utilizar los sistemas de control y comunicación internos, en lo que parece haber sido una estrategia coordinada para otorgar contratos a un círculo cerrado de empresas.