La orden de desalojo se hizo efectiva contra tres familias que habitan un lugar clave en la frontera con Bolivia. Son 9 hectáreas en la zona conocida como El Chorro

La Policía en el lugar donde ocurrió el desalojo, el pasado 1 de abril. Agencia

El pasado 1 de abril a pedido del fiscal penal Armando Cazón y autorizado por el juez de garantías Nelso Aramayo, personal policial de la localidad de Salvador Mazza procedió al desalojo de una finca de casi 9 hectáreas de extensión, ubicada en el paraje El Chorro, que estaba siendo habitada por tres familias de lugareños que se dedican a diferentes actividades, entre ellas cría de animales y siembra a baja escala.

Pero la situación, lejos de terminarse con la orden judicial ejecutada por Aramayo está dando mucho que hablar porque las familias desalojadas recurrieron al ministro de Seguridad de la provincia, Abel Cornejo, para exponerle su situación; asimismo designaron como abogado defensor al penalista tartagalense Aldo Ramón Hernández quien presentó una medida cautelar para que la Justicia revea la medida adoptada por Aramayo.

Pero mientras tanto quienes para el fiscal Cazón y el juez de Garantías del distrito norte son los legítimos propietarios de la finca, ya comenzaron a derribar plantaciones, viviendas y arboledas para instalarse en ese estratégico lugar: la finca da a la quebrada internacional que separa Argentina de Bolivia a lo largo de varios kilómetros, en uno de los límites internacionales más vulnerables en cuanto al control de la seguridad de frontera. Por ese detalle que sin duda no es menor, las familias que fueron desalojadas lo dicen sin medias tintas. «Los que dicen que compraron la finca y se están manejando como si fueran sus dueños legítimos la quieren usar para el contrabando y como son gente de mucha plata la pagaron en dólares, coimearon a todos los que tenían que coimear, por eso cuando vinieron a desalojarnos no estuvo nadie para defendernos».

Las diferentes versiones

El desalojo de las familias se produjo a principios del mes luego de una presentación en la Justicia por el empresario de frontera, propietario de varias fincas y dedicado al comercio internacional, Gabriel Jaramillo, con el asesoramiento legal del penalista de Tartagal, Ramber Ríos. «Fue una orden analizada por el fiscal Cazón y por el juez de Garantías Nelso Aramayo luego que presentamos toda la documentación porque mi cliente adquirió esa finca de casi 9 hectáreas a su legítimo propietario. Aramayo en su momento hizo lugar al desalojo que solicitó mi cliente y este se ejecutó con todas las garantías. Pero pasados 14 días de ejecutada la orden del juez, el abogado penalista Aldo Ramón Hernández que representa a los usurpadores, presentó un recurso de apelación de la medida cuando es conocido por cualquier abogado que ese recurso solo puede ser presentado en el término de 5 días. Nosotros suponemos que el juez lo va a rechazar porque está totalmente fuera de término», expresó Ríos quien no dejó pasar el detalle. «Si estamos hablando de familias de muy escasos recursos las que fueron desalojadas, ¿cómo es que pudieron contratar a uno de los abogados más cotizados de la zona? Si tenían recursos y según ellos viven hace tantos años, ¿cómo es que no hicieron una prescripción adquisitiva (propiedad veinteñal)?», se preguntó.

Ríos precisó que «el caso es sencillo y es un típico de una usurpación de una finca privada que fue de propiedad del señor Juan Urdiminea y de su esposa Lila Miranda. Estas personas la adquirieron hace más de cincuenta años y se la vendieron Gabriel Jaramillo y si el doctor Aramayo hizo lugar fue porque presentamos absolutamente toda la documentación que corresponde. Estas tres fa milias fueron notificadas en varias oportunidades y como no lo hicieron se desalojó», dijo.

Lo que dicen los desalojados

“Sacaron nuestras pertenencias y las tiraron en el complejo deportivo y en el mercado municipal. Nadie de Acción Social, ni de la Discapacidad vino a defendernos a pesar de que una de las personas desalojadas es discapacitada. Ahora todos estamos en la calle. Esa gente, como tiene plata y paga en dólares, avasalló nuestro trabajo de 30 años porque criábamos animales. Teníamos siembra porque es una tierra muy linda. Pero este señor que se hace el dueño, don Gabriel Jaramillo, no la quiere para producir como nosotros, la quiere para contrabandear”.
Las expresiones corresponden a Verónica Moreno, quien con su esposo y varios integrantes de la familia Arrueta residían en ese lugar de Salvador Mazza. “Después que nos dejaron en la calle por orden del juez Aramayo y a pedido del fiscal Cazón, fuimos a verlo al ministro de Seguridad de la Provincia, Abel Cornejo, quien nos recibió; le explicamos todo lo que pasaba y él coincidió en que fue un avasallamiento de nuestros derechos por parte de la Justicia. Nos explicó que el tema no iba a quedar así y que hará todo lo necesario para que se termine con esta verdadera injusticia que se está cometiendo porque además nosotros sabemos para qué la quieren a esa finca. No vamos a permitir que se tire el trabajo de tantos años. Ya metieron topadoras, tiraron abajo nuestras casas, están destrozando las plantaciones que estaban para la cosecha. Jaramillo tiene otra finca pegada a la quebrada internacional y le construyó una tapia cuando sabemos que eso no está permitido; también cerró una calle, así que la gente que transitaba por ese lugar tiene que ir a dar toda una vuelta por Bolivia. Y eso lo hacen porque tienen mucha plata y compra a todos para salirse con la suya. Nosotros somos campesinos. Mi esposo es preventista de lácteos y el resto de la familia trabajaba produciendo la tierra; tuvimos que vender un vehículo para pagarle al abogado porque acá nadie nos defiende y nos enfrentamos a gente muy poderosa”, enfatizó la joven quien además aseguró: “El desalojo no lo hizo la policía, lo hicieron unos 50 hombres que trabajan para Jaramillo que se maneja con testaferros, entre otros un hombre de apellido Flores”.
 

Algo extraño 

Otra de las calles muy utilizadas para este tipo de actividades al margen de la ley es la Sargento Alegre, que también lleva al mismo barrio Nuevo, donde empresarios argentinos tienen sus propiedades. Lo grave de esto, además del contrabando, es que esos mismos vecinos aseguran: “Estas fincas tienen seguridad privada armada; nadie se puede acercar y si algún animal ingresa no lo recuperamos más”.
Pero si los cientos de efectivos de Gendarmería, Policía Federal, Policía provincial, Aduanas, Dirección de Migraciones que prestan servicios en la frontera entre Argentina y Bolivia no ven esta realidad que los vecinos denuncian, es que algo al menos extraño pasa en la frontera entre Salvador Mazza y Pocitos. 
 

   Los objetos que fueron retirados durante el desalojo

Similitudes con el caso de Liliana Ledesma 

El drama que enfrenta a la familia de campesinos y al poderoso empresario de frontera -propietario de varias fincas y de una flota de camiones- retrotrae a lo sucedido hace 15 años entre Delfín Castedo y la familia de Liliana Ledesma, quien fue asesinada como consecuencia de años de enfrentamientos, por el manejo y el paso entre la finca El Pajeal, que conectaba directamente con la quebrada internacional y el territorio boliviano. Por el caso el propio Castedo y su hermano Raúl “Hula” Castedo se encuentran detenidos a la espera del juicio por este hecho que causó onda conmoción en la frontera, pero también por delitos federales. Quienes ejecutaron el horrendo crimen -toda gente vinculada con los hermanos Castedo, entre ellas María Aparicio- ya fueron condenados y se encuentran privados de su libertad. 
Liliana Ledesma, quien fue asesinada en setiembre del año 2006, mantenía desde hacía años una pelea con el ya fallecido Ernesto Aparicio, vinculado empresarialmente con los Castedo, no solo por el paso por la finca El Pajeal, sino también por el asesinato de la expareja de Ledesma, Gilberto Villagomez Arancibia, un narcotraficante de nacionalidad boliviana que fue ejecutado a tiros en un barrio de la localidad de Salvador Mazza. “Gilli” recibió por parte de un sicario 11 disparos de un arma automática y se sospechó de una venganza narco por la ferocidad y frialdad con la que fue ejecutado. La siempre difícil y tórrida línea de frontera es de nuevo noticia por un caso que si bien no involucra al tráfico de sustancias prohibidas, según la propia familia de campesinos, está vinculada al contrabando fronterizo.
Vecinos de esa difícil zona acercaron a El Tribuno imágenes -inéditas para la prensa pero muy conocidas por los vecinos y seguramente por las fuerzas de seguridad- que muestran de qué manera los camiones de gran porte transitan por el paraje El Chorro, por una calle de tierra, para llegar a territorio boliviano, más precisamente a Barrio Nuevo, en lugar de hacerlo legalmente por el puente internacional que une a los dos países.  (Agencia Tartagal)