La propuesta incluye cuatro proyectos, entre ellos, una nueva Ley Antimafias y cambios en la legislación para incorporar el concepto de “reiterancia” para reducir los delitos.

Este martes, el Gobierno envió al Congreso cuatro proyectos de ley que prometen una revisión integral de las políticas y estrategias actuales para abordar el crimen organizado en la Argentina. Estas propuestas legislativas serán debatidas en los próximos días, con la esperanza de establecer un marco más eficaz y contundente.

El conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.

En lo que respecta a la nueva Ley Antimafias, una de las piezas centrales de esta reforma, se trata de una normativa que fue diseñada para desmantelar organizaciones y también aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, explicó Bullrich durante la presentación del proyecto en marzo en la Casa Rosada.

A grandes rasgos, según indicó el Gobierno desde un comunicado, este instrumento está compuesto de cuatro claves.

En principio, se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, homicidio, secuestro, entre otros, y que estén vinculados a organizaciones criminales. Además, se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial para una actuación más ágil de los diversos poderes del Estado, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas en operaciones e investigaciones. 

A su vez, la nueva normativa plantea que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización.

A fin de menguar los recursos de las organizaciones criminales, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

Además, se propone la incorporación del concepto de “reiterancia”, un cambio significativo respecto a la legislación vigente sobre reincidencia. Actualmente, se considera reincidente a quienes han sido condenados dos o más veces con penas que implican privación efectiva de la libertad. Con la nueva figura de reiterancia, no será necesario que las penas anteriores hayan sido cumplidas para sumarlas aritméticamente hasta un máximo de 50 años.

La reforma en seguridad que impulsa el Ejecutivo también se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual –que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia–, bajo la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad. 

De esta manera, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales. Así, se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia.

Orden público y legítima defensa

La propuesta de modificar el Código Penal para actualizar las disposiciones sobre orden público y legítima defensa plantea una adaptación de la legislación a los contextos actuales de seguridad. 

En este sentido, este proyecto busca ampliar las garantías para las víctimas de delitos y para los efectivos de las fuerzas de seguridad, permitiéndoles actuar sin temor a repercusiones legales cuando se encuentren en situaciones de riesgo claro y presente.

“Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, indican los fundamentos del proyecto.

Asimismo, el proyecto amplía el marco legal vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su casa. Anteriormente esta situación exigía que esto se hubiera producido sólo durante la noche, sin embargo, ahora se extendería a cualquier hora del día y no solo en el domicilio, sino también en el trabajo (como podría ser una oficina, comercio o establecimiento).