El giro de los Grobocopatel: cercanos al kirchnerismo y con la mira puesta en un negocio millonario
La familia de empresarios cosecha críticas a partir de ambas iniciativas propuestas. En lo que respecta al titular de Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, su alianza con el presidente de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, el “Chino” Navarro, trajo aparejadas diversas cuestiones propensas al análisis, entre ellas, la manera en que se planea incrementar en 30.000 millones de dólares las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y, a su vez, generar miles de nuevos puestos de trabajo.
El documento redactado, en resumen, señala que ninguna de las formas de organización social pudo hasta ahora “compatibilizar adecuadamente el progreso individual con el colectivo”, y concluye señalando que “nos planteamos juntos si la economía popular y su permanente evolución puede ser un factor decisivo para la transformación que anhelamos”. Asimismo, sostiene en “recrear un modo de financiación del sector productivo”, porque “sea cual sea la evaluación del capitalismo hay que incentivar la competencia, una mayor participación de los usuarios y, por supuesto, un Estado inteligente para poner límites a los monopolios”.
La propuesta de “armonizar la Argentina” llega en el contexto de la intervención estatal de Vicentín, la cerealera que tiene como uno de sus acreedores a las empresas Grobocopatel Hnos. y Los Grobo. Esta última lleva cuatro años seguidos cerrando en rojo los balances, con pérdidas que se acercan a los $ 310 millones. La caída de los precios internacionales pone al “Rey de la Soja” en la cuerda floja, antes que en posición de liderar una disputa por una mejor inserción en el mercado mundial.
Las críticas contra el empresario rememoran lo dicho por él mismo hace un año en relación al principio de acuerdo Mercosur–Unión Europea, cuando sostuvo que había que “permitir que algunos sectores desaparezcan”, en aras de “mejorar la competitividad”.
Al mismo tiempo que se intenta establecer una alianza que deje de lado la grieta, la otra empresa Grobocopatel Hnos, liderada por Daniel Grobocopatel (primo de Gustavo), busca quedarse con una parte del puerto de San Pedro, lo que se traduciría en un negocio millonario para la firma.
El Consorcio del puerto sanpedrino volvió a la carga con un proyecto, acercado en septiembre de 2019 por el grupo de Grobocopatel Hermanos, que busca la aprobación del ministerio de Producción bonaerense, que comanda Augusto Costa. El funcionario visitó la ciudad a comienzos de junio junto al Subsecretario de Actividades Portuarias, Juan Cruz Lucero.
La iniciativa se ingresó a la administración portuaria con el número de expediente EX-2019-39988016- -GDEBA-DAAMPGP y describe explícitamente un plan para concesionar 8 hectáreas del espacio portuario provincial, a cambio de un canon anual y con la promesa de inversiones y mayor volumen de exportación.
El proyecto fue declarado de interés por el Directorio del Consorcio, y propone, según el texto, “la modernización, actualización, mejora, ampliación, gestión, operación, mantenimiento, uso y explotación del Puerto de San Pedro, en todos sus espacios públicos no sujetos a permisos de uso o concesiones vigentes”. La concesión sería por 50 años (la actual legislación no permite que sean más de 30), proponiendo como contraprestación el pago de “un canon único, bruto y total que incluya todos los conceptos pertinentes (tasas de servicios a las cargas, uso de muelle, uso de puerto, ocupación del suelo y cualquier otro que pudiera corresponder y/o aplicarse)”.
Grobocopatel Hermanos ofrece abonar “la suma de 100.000 dólares anuales, a cancelarse en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 8.333,33 dólares cada una”. Y de acuerdo con estimaciones de los sindicatos portuarios, los 40 barcos que podrían operar en el puerto de San Pedro moverían aproximadamente un millón de toneladas de granos al mes, a un precio de 250 dólares la tonelada.
En resumen, la firma de Daniel Grobocopatel se embolsaría unos 20 millones de dólares anuales, considerando una utilidad mínima del 10%, si se descuentan el millón de dólares que costaría, aproximadamente, la realización del dragado y el pago de 120.000 dólares anuales en concepto de canon.
Desde la empresa esgrimen como justificativo el supuesto estado de abandono de la antigua terminal, “desacoplándose de las necesidades que hoy requiere el comercio internacional en general…”. Por otra parte, Facundo Monticelli, secretario Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de las Administraciones Portuarias (SUTAP), sostuvo que “los puertos son bienes provinciales, estratégicos y fundamentales, y no podemos regalarlos”. En esa misma línea, aseguró que la empresa realizaría “negocio redondo con un bien público provincial”.
