La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) constaba de unas 675 prepagas y 291 obras sociales al inicio de la gestión actual. Ahora, inspecciona la situación financiera de los agentes del sistema de salud.

La gestión de Javier Milei ha puesto en marcha un ambicioso plan de ajuste y revisión en el sector de la Salud, que incluye la eliminación de varias empresas de medicina prepaga y la intervención de obras sociales. Este proceso busca mejorar la transparencia y eficiencia del sistema de salud, afectando tanto a prepagas como a entidades sindicales.

Eliminación de Prepagas Inactivas

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha comenzado a cancelar la inscripción de empresas de medicina prepaga que, a pesar de estar registradas, no cumplieron con la presentación de datos esenciales como padrón de usuarios, planes de cobertura, y balances. Recientemente, se dio de baja a 60 prepagas, entre las que se encuentran Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A. En los próximos días, se prevé la eliminación de otras 60 prepagas adicionales, con un total estimado de 180.

El objetivo de estas medidas es proporcionar a los beneficiarios un mercado más transparente y ordenado, donde las entidades sean operativas y ofrezcan servicios de calidad. Las acciones buscan asegurar que solo las empresas activas y reguladas puedan operar en el sector.

Intervención de Obras Sociales

El plan de ajuste también incluye la intervención de cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM). Estas entidades, que recibían importantes subsidios del Estado, han sido sometidas a auditorías para evaluar su viabilidad.

El proceso de intervención implica la designación de un interventor que debe verificar la situación financiera y administrativa de cada obra social. Si se encuentra que la entidad es inviable, se activa un mecanismo de liquidación y los afiliados son reasignados a otras obras sociales.

Uno de los casos más destacados es el de OSPRERA, la tercera obra social más grande del país con 759.203 beneficiarios. Esta entidad nunca presentó informes requeridos en más de un año y acumuló una deuda significativa. En el último año, la deuda de OSPRERA pasó de $26.979.000 a $43.949.000, y el 90% de los prestadores asociados a la obra social informaron que no tenían convenios vigentes.

Próximas Acciones

El Ejecutivo también tiene planes para intervenir dos entidades adicionales en el corto plazo. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para reformar el sector de la salud, optimizar el uso de los recursos y garantizar que los beneficiarios reciban servicios adecuados y de calidad.