El Ejecutivo avanza en la derogación de una normativa que excluía a las universidades nacionales del control de la SIGEN, con el objetivo de auditar las cuentas de estas instituciones. La medida enfrenta resistencia y abre un nuevo debate sobre el financiamiento universitario en Argentina.

La Casa Rosada avanzará en la derogación de una resolución de la gestión anterior que excluía a las universidades nacionales del control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El Ejecutivo quiere que se revisen las cuentas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un movimiento que busca aumentar la transparencia y supervisión en las finanzas universitarias.

La medida, que ha generado revuelo en el ámbito académico y político, tiene como objetivo modificar el dictamen impulsado en 2022 por Carlos Zannini, exprocurador del Tesoro, que establecía que las funciones de la SIGEN no eran aplicables a las universidades nacionales. Con la reversión de esta normativa, la SIGEN tendría injerencia directa sobre las auditorías financieras y operativas de estas instituciones, labor que hasta el momento estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La Casa Rosada consulta al Procurador General del Tesoro

El Gobierno enviará en los próximos días una consulta formal al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, solicitándole revisar y derogar el dictamen de Zannini. La solicitud será firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El Gobierno considera que este paso es necesario para reforzar la supervisión y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en las universidades nacionales, comenzando con la UBA. La consulta formal a Barra es vista como un movimiento clave para allanar el camino legal y político para este cambio. El procurador ya se reunió con asesores de la presidencia para analizar los posibles escenarios.

La influencia del PRO en la decisión

La derogación de la normativa es, además, una de las condiciones que el PRO exigió al oficialismo para apoyar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. A cambio, el partido opositor solicitó también mejoras salariales para los docentes universitarios, un punto que ya fue abordado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque sin consenso con los gremios.

Un funcionario del Ministerio de Educación declaró al periodista Ignacio Salerno de TN, que “la revisión del dictamen fue un tema discutido desde la primera movilización universitaria, pero no se concretó en su momento. Ahora compartimos la postura del PRO y creemos que la SIGEN debe auditar a las universidades”.

Desde la AGN, su titular Juan Manuel Olmos y otros dirigentes sostienen que las auditorías en las universidades son competencia del Congreso Nacional y se realizan bajo el Plan Anual de Auditoría, aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. De acuerdo con la Ley de Administración Financiera (24.156), la AGN es el organismo autorizado para llevar a cabo investigaciones federales y revisiones patrimoniales, en función del presupuesto asignado por el Congreso.

La AGN, a través de un comunicado en redes sociales, anunció que mantendrá la revisión de la subsecretaría de Políticas Universitarias, dirigida por Alejandro Álvarez, como parte de su plan de auditorías para 2025, que incluye 296 proyectos en total, con un enfoque tanto en estados contables como en la gestión gubernamental.