Además, se ordenó la elaboración de un informe para investigar posibles delitos cometidos durante su gestión.

En medio del creciente escándalo por el presunto cobro de coimas en la gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), el Gobierno nacional decidió cesantear a Thierry Decoud, quien hasta ahora se desempeñaba como interventor del organismo.

La decisión fue oficializada mediante el decreto 841/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto instruye a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar en un plazo de 30 días hábiles un informe detallado sobre el estado administrativo, patrimonial y financiero de YCRT, con el objetivo de detectar posibles irregularidades que podrían derivar en responsabilidades penales o administrativas. Esta medida busca aclarar las acusaciones que envuelven la gestión de Decoud y el presunto cobro de sobornos relacionados con la venta de carbón a la empresa israelí TEGI Limited.

Las sospechas detrás del despido de Decoud

El escándalo estalló en junio de este año, cuando TEGI Limited ofreció una compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad a YCRT por un monto cercano a los 2,1 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente 70 dólares por tonelada. Sin embargo, la operación no se concretó debido a una serie de maniobras irregulares por parte de Andrés Gross, un intermediario cercano a Thierry Decoud.

En una videoconferencia grabada, que fue clave en la investigación, Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, reveló que Gross, junto con Alejandro Salemme, le solicitó un pago extra para avanzar en la transacción. Este hecho fue denunciado ante la Justicia Federal por la legisladora Graciela Ocaña, quien presentó cargos contra Decoud, Gross y Salemme por presunto cohecho y tráfico de influencias.

Thierry Decoud y sus vínculos con el PRO

Decoud, un ex funcionario alineado con el macrismo, fue designado como interventor de YCRT en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y mantenía vínculos cercanos con empresarios involucrados en la operación irregular. Gross, el principal acusado en la causa, es amigo personal de Decoud, lo que intensificó las sospechas sobre su complicidad en el intento de soborno.

Ante la creciente presión mediática y política, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la decisión de remover a Decoud en una conferencia de prensa el pasado 10 de septiembre. “El Presidente ha decidido cesantear al interventor hasta que se aclaren los hechos”, declaró Adorni, haciendo énfasis en la importancia de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.

Investigación en curso y posibles consecuencias legales

La investigación judicial sigue su curso y ahora se centrará en determinar si hubo un delito de cohecho y tráfico de influencias en la gestión de YCRT. El informe solicitado por el Gobierno podría ser clave para esclarecer el rol de los funcionarios y empresarios involucrados, y eventualmente derivar en la presentación de nuevas pruebas ante la Justicia.

Graciela Ocaña, quien encabeza la denuncia, señaló que esta situación es “solo la punta del iceberg” de un entramado de corrupción dentro de la gestión estatal. “Es necesario que se investigue a fondo para asegurar que los responsables paguen por sus acciones”, declaró la legisladora porteña en su última aparición mediática.

Mientras tanto, YCRT continúa bajo la lupa, y el escándalo amenaza con afectar a otras áreas de la administración pública vinculadas a la gestión de recursos energéticos.

La remoción de Decoud es solo el primer paso en lo que promete ser una larga batalla judicial que podría extenderse durante los próximos meses y sacudir a más figuras vinculadas con la administración anterior y la actual gestión de YCRT.