En Casa Rosada, algunos funcionarios sostienen que ya no hay margen para más despidos, mientras que los más ortodoxos insisten con reducir el personal.

En los últimos días, el Gobierno comenzó a evaluar la posibilidad de renovar los contratos de 50,000 empleados estatales que inicialmente se planeaba dar de baja. Esta reconsideración surge ante las crecientes dudas y la resistencia dentro del Ejecutivo sobre la viabilidad de reducir más puestos de trabajo, especialmente después de la desvinculación de 23,000 empleados.

El actual debate en la Casa Rosada revela una división de opiniones sobre el recorte de los 49,000 contratos restantes. Algunos funcionarios sostienen que ya no hay margen para más despidos, destacando la importancia de los trabajadores contratados en sus áreas. Un miembro del Gabinete expresó a TN que “los que más trabajan son los contratados”, reflejando la creciente preocupación por la capacidad operativa del sector público.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación

Hasta ahora, solo se discontinuaron 5,000 contratos que vencieron en junio, a pesar de la presión del sector más ortodoxo del Gobierno para reducir un número mayor. La decisión final sobre los contratos restantes se pospuso hasta una nueva revisión en septiembre, lo que indica un posible cambio en la política de reducción de personal.

Los contratos afectados pertenecen a diversos ministerios, secretarías y organismos descentralizados que se someten a revisiones trimestrales. La reciente puja con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las medidas de fuerza dentro de Balcarce 50 han complicado aún más la situación. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha sido un foco de estas tensiones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asumió un papel central en este proceso, anunciando un plan de examen de ingreso anónimo para futuros empleados públicos y trabajando en un decreto para eliminar 60 organismos.