En noviembre y diciembre se concentran vencimientos. Los analistas advierten por el costo financiero.

El Gobierno contempla la posibilidad de lanzar un nuevo canje de bonos de cara a la última batería de vencimientos del año. De un total de $ 2 billones, la mira está puesta en los pagos pendientes de noviembre y diciembre, cuando vencen el grueso, que podría posponerse para el año próximo con una operación similar a la que en agosto pasado le permitió a Sergio Massa tranquilizar el frente financiero, aunque sin recurrir esta vez a un bono dual.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el intercambio se puede llegar a evaluar después de octubre y que por ahora «no está en carpeta» repetir un bono dual, es decir, un título que protege a los inversores tanto de la inflación como el dólar. Ese instrumento sirvió el mes pasado, en pleno desembarco de Massa, para postergar compromisos por $ 2 billones para el 2023 y descomprimir pagos hasta octubre próximo, con un 85% de adhesión.

Si bien el grueso de los bonos canjeados estaban en manos de entes públicos -sobre todo del Banco Central-, los bancos privados, fondos de inversión y compañías de seguro se «tiraron de cabeza» ante la posibilidad de cubrirse con una indexación superior a la inflación o igual a la devaluación oficial, hoy en ambos casos en torno al 100% anual. En las últimas semanas, se conversó la idea de reponer los «incentivos» financieros, pero no prosperó.

«Se había hablado del bono dual y desapareció luego porque otorgaba demasiados beneficios a los suscriptores», reconocieron en un banco privado. «Si bien es cierto que un dual es darle mucha ventaja al suscriptor (bancos) va a ser complicado darles algo que pase al próximo gobierno si no tiene una condición muy ventajosa, para los funcionarios es difícil ofrecer algo rentable y además “te pago lo que rinda mejor”», dijo un operador.

Junto con la suba de tasas del Banco Central y el Tesoro, el bono dual fue la manera que encontró Economía de aspirar pesos en medio de presiones devaluatorias y despejar las dudas sobre la capacidad de financiamiento en el mercado local, después de la crisis financiera de junio por la salida masiva de fondos de los bonos atados a la inflación (CER), a la que se le sumó en julio la renuncia de Martín Guzmán y el descontrol cambiario.

En ese contexto, Massa frenó la asistencia del Central al Tesoro y el fondeo pasó a depender en mayor medida de la colocación de bonos. Así, los inversores institucionales se convirtieron en una pieza clave para financiar el déficit fiscal, un plan que se ve desafiado por la inflación, la falta de dólares y las mayores exigencias fiscales en la segunda mitad del año, tras el aumento de un 80% anual del déficit en agosto.

La contracara es que el costo de endeudarse es cada vez mayor. En la última licitación, la tasa llegó al 107% en términos efectivos para captar $ 320.594 millones. «Están teniendo dificultad con la deuda, con el bono dual patearon parte del financiamiento, tenés que colocar un 30% más de lo que vence, pero hay un límite político si pagás tasas extravagantes, lo que hicieron con dual fue un despropósito, va a salir caro«, dijo Daniel Artana, economista jefe de FIEL.

De los $ 2 billones que vencen en los próximos tres meses, los organismos públicos poseen un 44% y los privados, el 56%, según datos oficiales. Para los economistas, la tenencia del sector estatal en realidad llega al 63,5% si se incluyen los bancos públicos, ya que durante la crisis de junio el Banco Central compró más de $ 1,2 billones de títulos CER para sostener su valor. De ello se desprende que quedarían unos $ 700.000 millones en manos privadas.

Con todo, el calendario más complicado será en 2023, cuando hay pagos por $ 7,3 billones, de los cuales un 58% integra la cartera del sector público y 42%, de privados. Por otra parte, se espera que la emisión monetaria se reduzca del 1% al 0,6% del PBI, lo que implica más deuda en pesos. Todo esto en un contexto marcado por la incertidumbre alimentada por las elecciones presidenciales y la posible unificación del mercado cambiario.

«El problema es que se está acumulando un paredón de vencimientos para el primer semestre de 2023. Ya los siete meses del año próximo tienen programados vencimientos que superan el billón de pesos por mes de bonos ajustados por CER y el tipo de cambio y esa deuda que vence está en gran parte indexada, por lo lo que hay que adicionar una zanahoria extra que supla el riesgo electoral», advirtió Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra.

Por lo pronto, Economía tendrá que cubrir en la subasta de este miércoles pagos por más de $136.000 millones.