El oficialismo prepara una nueva estrategia para destrabar las leyes en el Senado y plantea realizar concesiones en aspectos relacionados con la desregulación económica y la reducción del Estado.

Para el Gobierno, hay una premisa clara, como lo afirma el ministro del Interior, Guillermo Francos, tanto en público como en privado: “Las dos leyes (Bases y paquete fiscal) salen juntas. No hay una sin la otra”. Sin embargo, ambas medidas enfrentan objeciones específicas por separado.

El paquete fiscal representa el diseño del Ministerio de Economía para establecer un marco regulatorio que fomente un cambio cultural destinado a mejorar la situación económica en Argentina, incentivando a aquellos con capacidad de invertir para combatir la falta de creación de empleo genuino en el sector privado, un problema que afecta al país desde 2011.

El posible nuevo dictamen del Senado sobre el paquete fiscal propuesto por el gobierno de Javier Milei muestra un ejercicio de ponderación y equilibrio que se aparta de la orientación original de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo a principios de año. 

En este sentido, las últimas modificaciones parecen orientar la iniciativa hacia una perspectiva más integral y sostenible en el largo plazo. Sobre todo, revelan que el gobierno ha aceptado una realidad política innegable que lo coloca en una posición de profunda desventaja numérica dentro del poder legislativo, especialmente en el Senado. 

Una de las enmiendas más significativas impulsadas por Milei, a raíz de la solicitud de legisladores de la oposición, se refiere a la extensión del período de exclusión para que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder al régimen de regularización de activos (artículo 47: incorporación de sujetos excluidos). Al aumentar de 5 a 10 años, esta medida se alinea con estándares internacionales observados en países como Perú, donde el período de restricción se extiende hasta los 15 años después de dejar el cargo. La iniciativa, respaldada por senadores como Martín Lousteau (UCR) y Mariano Recalde (UxP), tiene como objetivo fortalecer la integridad del proceso y prevenir posibles conflictos de interés, en consonancia con las recomendaciones de organismos como la OCDE.

Además, la inclusión de un requisito para que la reglamentación aborde los instrumentos financieros emitidos por provincias y la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras públicas (artículo 32: Instrumentos financieros de las Provincias) representa un cambio significativo. Esta modificación, promovida por senadores como Marcelo Fuentes (UxP) y Edgardo Kueider (UxP), se inspira en experiencias exitosas en países como Colombia, donde los fondos de regularización se han dirigido estratégicamente hacia proyectos de infraestructura regional, impulsando el desarrollo económico descentralizado.

En la misma línea, la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para impulsar la inversión productiva y el crédito en las provincias con menor desarrollo relativo evoca iniciativas implementadas en el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). En ese caso, los recursos de programas de regularización se destinaron a proporcionar liquidez y financiamiento a pequeñas y medianas empresas en áreas menos desarrolladas del país, generando un efecto multiplicador en la actividad económica.

Otro aspecto relevante es el aumento del 20% en la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales para quienes opten por el régimen de regularización (artículo 70 bis). Esta medida, propuesta por senadores como Lucía Corpacci (UxP) y Guillermo Snopek (UxP), se asemeja al “impuesto a la riqueza” aplicado en países como España, Francia y Noruega, donde se busca una mayor contribución de los sectores más acomodados. Aunque su alcance pueda ser objeto de debate, refleja una preocupación por la equidad fiscal.

Finalmente, la inclusión de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, eximiéndolos del impuesto integrado y de aportes a la obra social, guarda similitud con programas implementados en países como Uruguay y Chile.

Las modificaciones introducidas por el Senado al paquete fiscal de Milei parecen reflejar una visión más equilibrada y sistémica, alejada de un enfoque meramente recaudatorio. Al incorporar elementos de desarrollo regional, equidad tributaria e impulso a la inversión productiva, el dictamen adquiere una dimensión que va más allá de los objetivos iniciales, aproximándose a estándares internacionales de buenas prácticas.

Todo indica que estas modificaciones podrían ofrecer un punto de convergencia que conserve los aspectos más relevantes de la propuesta original, sin descuidar la búsqueda de un modelo fiscal más completo y sostenible a largo plazo. Además, podrían facilitar la obtención de los votos necesarios para su aprobación.