Firmado por 12 legisladores del Frente de Todos, el proyecto contempla una batería de pruebas para avanzar contra el máximo tribunal durante las sesiones extraordinarias.

El oficialismo de la Cámara de Diputados presentó este viernes el proyecto de Juicio Políticocontra los jueces de la Corte Suprema, un día después de que el Gobierno oficializara la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 23 de enero hasta el 28 de febrero para tratar esa y otras iniciativas.

En el proyecto, encabezado por Eduardo Valdés y firmado por otros 11 legisladores del Frente de Todos, pidieron citar a los magistrados (Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) a que se presenten para declarar ante Comisión, una posibilidad que podría concretarse una vez que empiece el proceso, aunque los ministros no están obligados a asistir.

Además, se requiere la presentación de Silvio Robles, vocero de Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, así también como a los gobernadores que suscribieron al pedido de enjuiciamiento contra el máximo tribunal, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, entre otros. Son, en total, 44 testigos, sin contar a los cuatro integrantes de la Corte.

Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.

Además, dice el documento, “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.

El jueves por la noche, Alberto Fernández llamó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar, entre otros temas, las “solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y habilitó, de esta manera, que avancen todos los pedidos presentados ante la Comisión que deberá iniciar el trámite institucional.

Del total de 31 miembros que conforman la Comisión de Juicio Político, el FdT cuenta con 16 diputados; Juntos por el Cambio, con 14, y el Interbloque Federal, con uno. Si bien había incertidumbre respecto de la adhesión de los tres diputados que responden al ministro de Economía, Sergio Massa, el Gobierno logró sentar a todos en la primera reunión informal y despejó las dudas.

Así, el pedido de juicio político que, en instancias anteriores había sido frenado por la Comisión, esta vez logrará contar con la mayoría simple que habilita el quórum para tratamiento y análisis de la iniciativa. En el recinto, el escenario es mucho más complejo -casi imposible- para conseguir los dos tercios que necesita el oficialismo.