La intendenta amplió juzgados y nombró a tres nuevas juezas de faltas, una de ellas está imputada en el caso que investiga el desvío de fondos en el caso de las cooperativas

La reforma de la Justicia en Quilmes desató un nuevo escándalo político, luego de que la intendente, Mayra Mendoza, ampliara juzgados y nombrara a tres nuevas juezas de faltas, una de ellas imputada en el caso que investiga el desvío de fondos de cooperativas que salpica a la propia mandataria municipal.

En la oposición guardaron silencio ante esta maniobra ya que la aprobación se logró gracias a los concejales del distrito.

Por una ordenanza que se votó el 23 de septiembre pasado en el Concejo Deliberante, se crearon tres nuevos juzgados y se dividieron las funciones de los jueces, que no podrán definir sobre todas las temáticas, como hasta ahora.

La medida generó el reclamo de los jueces de faltas ya que denuncian que con esta reforma se limita su poder y le ordenaron a Mayra Mendoza que vetará la resolución.

“Los juzgados 1, 2 y 3 vienen funcionando desde hace muchísimos años, con nombramientos en 1994, 1995 y 2001. El Concejo trató el nombramiento de tres jueces a propuesta del Poder Ejecutivo en tres nuevos juzgados creados en la época de Martiniano Molina (ex intendente por JxC), que no habían arrancado. El reclamo es que no se recorten facultades, porque se divide a los jueces por territorio”, explicaron a La Nación.

Los tres jueces designados son María Eugenia Moyano, Alejandra Cordeiro y Anabella Galván. Este último esconde polémica ya que está imputada por el fiscal federal Ramiro González en la causa por defraudación con cooperativas que también investiga a Mayra Mendoza.

Desde el municipio evitaron dar mayores declaraciones sobre la reforma aprobada y se limitaron a asegurar que fue un proceso transparente: “Fue algo que se trató en el Concejo Deliberante y lo aprobaron. No hay nada más que hablar del tema por nuestra parte”, señala una fuente cercana a la dirigente camporista al mismo medio.

El escándalo de las cooperativas

En mayo la justicia imputó a Mayra Mendoza por administración fraudulenta por el presunto desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de su gabinete. La causa inició con la imputación del fiscal federal Ramiro González y bajo investigación hay cuatro cooperativas y fondos del municipio.

“Parecería más bien una maniobra para sacar fondos del Municipio, de los cuales luego una parte iba al bolsillo de los involucrados, y otra quizás retornaba a la política”, deslizó la fuente con acceso a las pruebas que hay en el expediente hasta el momento.