Detrás de la asfixia que envuelve a mil familias salteñas con créditos UVA que convirtieron su sueño del techo propio en una pesadilla, hay números y angustias insostenibles. Un préstamo hipotecario de $1,5 millones, tomado en un plan de 15 años, tenía en abril de 2019 una cuota de $11 mil que en agosto último ya ascendía a $490 mil. La actualización (de 4.354%) no solo superó con creces a la inflación acumulada en igual período (de 3.241%), sino que el capital adeudado trepó a más de $39 millones, sin incluir los 25 microcréditos adicionados por el congelamiento de cuotas que dispuso el gobierno nacional durante la pandemia.

El caso descripto se corresponde con un crédito del Santander Río, pero las cifras no son muy diferentes en los créditos UVA otros bancos, entre los que uno del sector público, el Nación, brilla con las tasas de interés más elevadas.

Un buen número de familias salteñas, en tiempos más recientes, tomó créditos hipotecarios con otra herramienta oficial, el coeficiente Casa Propia, que a diferencia del Indice UVA, actualiza los préstamos en base a la evolución de los salarios. La fórmula, adoptada desde noviembre de 2020 para Procrear y otras líneas de financiamiento con intervención del Estado, es mucho más razonable, estable y previsible, tanto que las cuotas son notablemente más bajas. Además, a diferencia de los desenfrenados créditos UVA, respetan su relación con el 30% de los ingresos del hogar.

Exponer los desvelos, la angustia e impotencia de mil familias salteñas que se sienten víctimas de usura bancaria, y esperan intervenciones urgentes del Congreso y las cámaras legislativas de la Provincia para evitar un aluvión de ejecuciones y desalojos, es imposible.

Una voz entre miles

Tal vez, el testimonio de Fernando ayude a entender el vilo en el que están sumidas tantas otras familias. Es un vecino de Villa Soledad que intenta llegar a fin de mes vendiendo ropa puerta a puerta, en las horas en las que el cuidado de su madre anciana, enferma y discapacitada le da algún respiro.

La pesadilla de Fernando empezó a mediados de 2017 en una oficina del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), organismo en el que el grupo familiar, que lo incluía junto a su padre y madre con discapacidades certificadas, estaban inscriptos desde 2009 para una vivienda social que nunca les llegó.

Ante su insistente reclamo, desde el IPV lo enviaron al Banco Nación, una de las entidades financieras que hace siete años empezaron a canalizar en Salta los créditos del programa Procrear con tasas variables ajustadas con la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Este índice atado a la inflación fue establecido en 2016 con el aval de una ley sancionada por el Congreso y promocionado, por sucesivos gobiernos, como la herramienta más conveniente y accesible para acceder a una vivienda.

Esas mismas administraciones del Estado nacional, que incluyeron a las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y -desde diciembre del año anterior- de Javier Milei, encadenaron decisiones políticas, devaluaciones y ajustes que dispararon los índices inflacionarios del país a niveles estratosféricos. Como resultado, hay más hogares empobrecidos y poder adquisitivo de los salarios está deprimido a más no poder.

Una vuelta de almanaque

Cuando Fernando fue reconducido desde el IPV al Banco Nación, a mediados de 2017, el Indice UVA, que actualiza día a día el Banco Central, tenía un valor de 19 pesos. El pasado viernes su valor ya ascendía por encima de los $1.190. Expresado en términos claros, hoy una UVA equivale prácticamente a un dólar blue.

Cuando Fernando sacó el crédito UVA en el Nación, los únicos ingresos de su grupo familiar eran una pensión no contributiva que percibía su padre, un haber jubilatorio mínimo que cobraba su madre y lo que él aportaba a la economía hogareña vendiendo ropa puerta por puerta. De todos modos, en vez de contemplarlos para una vivienda social, en el IPV le manifestaron que su grupo familiar calificaba para adquirir una modesta vivienda con buena parte de su costo de mercado financiado a través de Procrear mediante un crédito bancario UVA. La casa que les ofrecieron en la zona del ex-Matadero Municipal estaba tasada en ese momento en $1.480.000. El banco les otorgó un crédito de $740.000 a 30 años. Hicieron malabares para completar el precio con ahorros de toda una vida y una mano de familiares movilizados por sus aflicciones.

Una bola de nieve

En enero de 2018 empezaron a pagar el crédito, con una cuota inicial de $5.325. La última, que Fernando abonó el pasado 2 de octubre, fue de $208.890 (un 3.823% más elevada que la primera del plan a 30 años). Además, desde el banco le informaron que el capital adeudado asciende actualmente a $37.086.000.

El 12 de diciembre de 2022, ya viendo el capital adeudado crecer como una avalancha, Fernando había elevado a la Gerencia del Nación una nota en la que solicitó poder achicar el capital adeudado. Una vez más, tenía familiares dispuestos a tenderle a mano, pero el banco rechazó si más esa posibilidad. En ese momento, 18 meses atrás, el capital adeudado era de $680.000.

El 23 de enero de este año, el capital adeudado ya había trepado a $15.558.000. Menos de cuatro meses después, el 23 de mayo, ascendía a $27.873.000. El pasado viernes, de acuerdo con la última cifra actualizada por la entidad financiera con el Indice UVA, el capital adeudado escaló a $37.086.000. En resumen: solo en los últimos diez meses el capital adeudado tuvo un incremento de más de $21,5 millones (un 138,4%).

F: El Tribuno