En el proceso oral y público en el que están acusados los dos ex funcionarios kirchneristas se espera la declaración de unos 60 testigos

Los juicios orales y públicos suelen ser- en su mayoría- un repaso de lo que se volcó en los expedientes mientras se realizaba la instrucción de los casos. Al menos eso sucede en los juicios que llevan adelante los tribunales orales federales de la ciudad de Buenos Aires en los que se buscan establecer responsabilidades en, por ejemplo, casos de corrupción.

Cuando un testigo declara en la instrucción su testimonio es plasmado en un papel que se suma a un expediente voluminoso. En cambio en un juicio el mismo testigo es escuchado por jueces, fiscales, abogados defensores que pueden interrogarlo. Aquel testimonio lineal y escrito se trasforma en algo vivo. Con matices, con expresiones, con muecas.

En la era de la pandemia los testimonios son también diferentes a los de marzo de 2020. Se toman vía Zoom y los gestos y tonos, muchas veces chocan con la falta de conexión a wifi o con la caída del sistema. El 22 de marzo pasado comenzó un juicio oral y público en el que se acusa a ex funcionaros del kirchnerismo por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

En ese juicio están imputados, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Jaime dependía de De Vido y es por ello que ambos llegaron a juicio porque a partir de la investigación judicial se los acusó de los delitos de administración fraudulenta y cohecho. Se comprobó que una consultora vinculada a Manuel Vázquez, por entonces asesor y hacedor de negocios sucios de Jaime, cobró coimas millonarias por prestar servicios intangibles en la operación.

Desde 2019 el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero, José Martínez Sobrino y Ricardo Basílico enjuicia a Jaime por cuatro casos de corrupción. Las declaraciones de los testigos de la primeras tres etapas de ese juicio -una de ellas por enriquecimiento ilícito- han finalizado. Hace trece días comenzaron a declarar los testigos del caso por la compra de trenes a España y Portugal. El caso se basó en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que analizó cómo fue la compra de trenes pactada de estado a estado con España y Portugal.

Alejandro Nieva, de la AGN, declaró como testigo

Aquel informe de 2012 que dio origen a la causa judicial que llegó a juicio en los últimos días, está siendo repasado en el debate vía Zoom. Es por eso que entre los primeros testigos declararon varios integrantes de la Auditoría General de la Nación que cuando presentó el informe allá por 2012 estaba presidida por el radical- fallecido en 2019- Leonardo Despouy. El primero en declarar fue Alejandro Mario Nieva que es uno de los auditores generales designados por el radicalismo y que en 2012 tuvo un papel importante en la realización de aquel informe. Después dio su testimonio Damián Staffa quien en 2012 era el jefe del Departamento de Control de sector Transporte de la AGN y firmó el informe. También declararon Miriam Insausti quien fue la jefa de todos los profesionales que intervinieron en el informe y Christian Montenegro, uno de quienes inspeccionó parte del material rodante adquirido en España y Portugal.

Los testigos coincidieron en remarcar -ante las preguntas de la fiscal Gabriela Baigún y de los jueces y defensores- los principales hallazgos de aquel crítico informe de la AGN -aprobado por auditores oficialistas y opositores- sobre la millonaria compra de trenes chatarra. Algunas de aquellas conclusiones presentadas en 2012 fueron:

-“No existen análisis integrales -que incluyan aspectos económicos, técnicos y comerciales- que permitan sostener la razonabilidad de las adquisiciones realizadas”.

-“Se han detectado inconsistencia en informes técnicos — económicos relacionados con las contrataciones efectuadas a España y Portugal”.

-“El 44 % del material rodante adquirido se encuentra fuera de servicio, sin que se efectuaran las tareas de reparación necesarias para su utilización. En el caso del material rodante adquirido a España esta situación se extiende al 58% de los casos”.

-“La custodia y resguardo del material adquirido exhibe debilidades que impactan sobre el cumplimiento del objetivo de la contratación y ocasionan perjuicios económicos al Estado”.

Una muestra de los trenes chatarra comprados por Jaime

La Auditoría General de la Nación analizó en 2012 los contratos firmados para realizar aquella compra y realizó las siguientes observaciones:

-“Los contratos excluyeron la suscripción de Actas de Entrega y Recepción como recaudo para efectuar el pago, lo que debilitó los controles del Estado e introdujo un riesgo adicional en la ejecución contractual”.

-“La mayoría carecen de los actos de aprobación y autorización del gasto, conforme las exigencias de la normativa vigente”.

-Se observan importantes indefiniciones e inconsistencias con relación al objeto de estos.

-“Los Servicios Jurídicos permanentes no han tenido intervención previa a su suscripción”.

-“No prevén mecanismos que aseguren la autorización del pago, previa comprobación y aceptación de la documentación por parte de la autoridad competente”.

Aquel informe de la AGN señaló que “se verificó que no se inspeccionó la totalidad del material rodante a adquirir. Mientras que existen diferencias entre el material adquirido y el finalmente recibido, situación agravada por la inconsistencia o inexistencia de Actas de Recepción, que imposibilitan el control efectivo del cumplimiento del contrato”.

Y la conclusión fue contundente: “Cabe señalar que las contrataciones auditadas en el presente informe, se enmarcan en el objetivo estratégico reconstruir el sistema ferroviario. Para alcanzar ese objetivo, las contrataciones deben realizarse en un adecuado marco de previsibilidad, de modo tal de permitir una asignación eficiente de los recursos adquiridos y de los fondos administrados, con el fin de evitar situaciones que puedan derivar en perjuicio fiscal y resguardar el interés público comprometido”. Además se pagaron sobreprecios y coimas disfrazadas de comisiones a la consultora de Jaime -quien permanece detenido- y Vázquez.

En lo próximos meses la fiscal Baigún tendrá que probar la hipótesis de la administración fraudulenta y el cobro de coimas. Los defensores conseguir demostrar la ajenidad de los imputados y los jueces evaluar los testimonios y las pruebas que se sumen al debate. Recién comenzaron a declarar los primeros testigos de unos 60 que fueron aceptados por el Tribunal. Para antes de fin de año, tal vez haya un veredicto. Aunque en días de pandemia los tiempos judiciales son mucho más inciertos que antes.