lunes, mayo 27

La contraofensiva de Cristina

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La condena descolocó a la vicepresidenta. Su idea de no postularse para 2023 altera por ahora el mapa político. Planea una nueva ofensiva contra la Justicia y los medios.

Vicepresidenta. Su idea de no postularse para 2023 altera por ahora el mapa político. Foto: EFE

Cristina Fernández ha sumado otro debate a su nutrida agenda de controversias. ¿Desechó la posibilidad de ser candidata en 2023 al influjo del impacto emocional que le produjo la condena de seis años por corrupción? ¿O forma parte de una estrategia urdida con antelación para fortalecer su centralidad, blindarse a futuro y dejar definiciones electorales para más adelante?

Los primeros movimientos en la escena política del oficialismo obligarían, tal vez, a colocar el foco sobre el segundo interrogante. La vicepresidenta logró el respaldo unánime de sus bloques en Diputados y el Senado. Obtuvo también una declaración favorable de la empobrecida liga de gobernadores del PJ. Alineó a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a los movimientos sociales que han estado cerca de Alberto Fernández.

Otro detalle significativo. Consiguió de Sergio Massa el primer apoyo explícito hacia su persona por la condena y la disputa con el Poder Judicial. Resultó llamativo el argumento esgrimido por el ministro: dijo que el veredicto es “insostenible” porque “corta la cadena de responsabilidades en busca del impacto político”. Casi una autoincriminación. Cristina se quejó en su réplica al Tribunal que la condenó justamente por un salto similar. ¿Por qué razón la condena para el ex secretario de Obras Públicas, José López, y no para Julio De Vido, el ministro de Planificación? Esa interpelación la omitió para plantear otra disyuntiva: la administración del Presupuesto, desde donde se habría direccionado la obra pública en favor de Lázaro Báez, corresponde constitucionalmente a los jefes de Gabinete. Alberto y Massa fueron dos de los suyos en el primer mandato.

Involuntariamente, tal vez, tales planteos sirvieron para exponer el sistema delictivo que los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, descubrieron en la obra pública direccionada en favor de Báez. La pirámide lógica del poder fue alterada. El mecanismo resultó diseñado por Néstor Kirchner. Con puente directo a López. De allí la importancia de los miles de chats capturados en su teléfono. El ex ministro de Planificación era gambeteado. Sucedía lo mismo con el multi condenado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Recaudaba de los concesionarios y hacía las remisiones a la Casa Rosada. Pasaba igual con intendentes y gobernadores. El “sistema radial” que le encantaba practicar al ex presidente.

Se podría conceder, con mucha candidez, que Cristina no hubiera estado enterada sobre aquel mecanismo. Que Kirchner, aún fuera del poder, lo hubiera manejado en las sombras. Pero falleció en octubre del 2010. La dama se apropió, sobre todo a partir del 2011, de un dispositivo hegemónico. El epílogo de la historia constatado por el TOF2 parece contundente. Antes de tirarle el poder a Mauricio Macri, ordenó saldar las deudas del Estado con Báez para que el empresario borrara su imperio.

Para intentar contrarrestar esas pruebas judiciales Cristina expande sus frentes defensivos. El doméstico lo tiene. Va cosechando la solidaridad regional de los países que le interesan. Habrá una escenificación devaluada en la cumbre del Grupo de Puebla del lunes 19 que cerrará con un mensaje la vicepresidenta. Aquella devaluación refiere a que son todos ex mandatarios, con la excepción de Alberto. Los ojos del kirchnerismo están posados desde hace tiempo en la experiencia de Brasil, con el triunfo de Lula da Silva que desplazará a Jair Bolsonaro del Planalto. El mandatario electo vendrá a la Argentina antes de su asunción en enero. Pero antes de eso viajará a Washington para entrevistarse con el renacido Joe Biden.

Aquellos paralelismos que se trazan, por supuesto, son arbitrarios. Lula cumplió una prisión de 19 meses antes de ser liberado y lograr competir en las elecciones. El beneficio derivó de un vicio procesal cometido por el juez Sergio Moro –jurisdicción no adecuada para el juzgamiento—que determinó que el Tribunal Supremo hiciera caer la causa. La cuestión de fondo no está saldada. ¿En qué consistió? La obtención de un apartamento en una playa de San Pablo como presunto soborno de una empresa constructora que obtuvo contratos millonarios a través de la estatal Petrobras.

En el caso de la condena a Cristina, el TOF2 cotizó en casi $ 85 mil millones la cifra del perjuicio al Estado y el enriquecimiento. Dato que el kirchnerismo se esforzó por soslayar. Cristina no tiene en forma próxima ninguna posibilidad de ir a prisión. Ni impedimento, siquiera, para ser candidata. La épica no tendría el mismo condimento. De allí la necesidad imperiosa de inflamar su lenguaje. No se trataría simplemente del lawfare. La vicepresidenta se colocó como víctima de un supuesto “pelotón de fusilamiento”. Luego ideó la teoría del “partido judicial” que estaría reemplazando en este tiempo de la historia al “partido militar”. Con la condena consumada, se largó a hablar de una “mafia”.

Lula recibió durante su encierro marchas de apoyo de parte de sus fieles del PT. En ningún caso desató una batalla, o incitó a desarrollarla, contra el Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Supremo son los mismos que lo encarcelaron y después corrigieron la postura. Habrá que ver qué hace cuando arribe al Planalto: sucederá con un sistema de alianzas heterogéneo, desplazado hacia el centro y la derecha, que lo obligará a respetar equilibrios.

Aún antes de la condena por corrupción, en la Argentina ocurre todo lo contrario. No hay margen para el optimismo. Cristina ha terminado de evaluar que su experimento con Alberto en el Gobierno habría fracasado por la tibieza. “El tiempo de la moderación sirvió de nada”, comentó en una reunión con intendentes ultrakirchneristas, en la cual estuvieron también su hijo Máximo Kirchner, el secretario de La Cámpora, Andrés Larroque y el gobernador Axel Kicillof.

Podría tratarse de un regreso a las fuentes. “La contraofensiva”, susurran a su alrededor con trágica nostalgia setentista. Retomaría armas de sus dos mandatos anteriores. La necesidad de una reforma judicial y un replanteo en el sistema periodístico que no comulga con su ideología. Entre el 2011-2015, bajo el eslogan “voy por todo”, pretendió aplicar la Ley de Medios, para imponer disciplina de pensamiento. Quedó varada en la Justicia. Después resultó derogada por Macri.

Cuando regresó con la proa de Alberto, invirtió aquellas prioridades. Fue prioritario el combate contra jueces y la Corte Suprema por su delicada situación con las causas de corrupción. La Cámpora simuló una apertura con los medios de comunicación que no le son afines. La condena, el intento de magnicidio del que fue víctima con cuya investigación permanece insatisfecha, y un viaje descubierto con espionaje ilegal de jueces, funcionarios y empresarios de comunicación, la hicieron volver sobre sus pasos. ¿Otra vez la guerra total? Alguno de los asistentes al encuentro en Ensenada habría quedado inquieto.

Las situaciones objetivas asoman muy distintas. Cristina tuvo inconvenientes con su primer experimento cuando gozaba de mucha popularidad y buen apoyo a su gestión. Ella misma ahora ha perdido crédito popular. Forma parte de un Gobierno, por otro lado, que padece una doble deslegitimación: de origen, en la figura de Alberto, y de gestión, según los resultados que están a la vista. Un agregado: la situación económica no abandona su debilidad, a pesar de las alquimias y las sobreactuaciones de Massa.

El ruido de la condena por corrupción desvió la atención que demandaría el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. La pobreza en el país alcanza al 43.1% de la población. La indigencia al 8.1%. De acuerdo con el titular de la entidad, Agustín Salvia, se estaría “ante la tercera generación de pobres” en la Argentina. Todo eso, a pesar del repunte económico luego de la pandemia, los cientos de miles de planes y las paritarias astronómicas. La inflación incontenible lo devoraría todo.

Habría que aguardar otras cosas. Conocer si su figura sufre alguna mella irrecuperable por la condena. Los bolsos con millones de López no le impidieron el virtual empate con Esteban Bullrich por la senaduría en Buenos Aires en 2017. Un año después explotó el escándalo de los Cuadernos de las Coimas. Así y todo, con varios procesamientos a cuesta, entronizó a Alberto en la Casa Rosada con un sistema de poder que le sirvió para ganar, aunque gobernando haya resultado un fiasco. ¿Podrá sostenerse como líder indiscutida? ¿Podrá seguir marcando el sendero a sus fieles?

La hipotética contraofensiva de Cristina chocaría con dificultades institucionales y políticas. El kirchnerismo, después de la condena, resolvió desconocer la existencia del Poder Judicial. Lo expresó como portavoz la senadora Juliana Di Tulio. También se mantiene el enfrentamiento con la Corte Suprema, entre otras cosas, por la integración del Consejo de la Magistratura. Ese organismo entró en una parálisis después de un fallo del tribunal que la vicepresidenta desacató y de la suspensión del nombramiento de los representantes de Diputados en el organismo. Freno en el lugar donde se deben designar y destituir magistrados. ¿Con qué herramientas formalizaría la embestida contra la Justicia?

Cristina tiene una mayoría ajustada en el Senado. No la posee en Diputados donde ni siquiera la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, pudo todavía renovar su mandato. Las fragilidades sobresalen. Con tal paisaje y una coalición oficial repleta de intrigas emerge un doble interrogante. ¿Podrá Cristina avasallarlo todo sin provocar un colapso en su propio gobierno? ¿Ese colapso no la colocaría en una situación objetiva peor de la que está? . Se trata del embudo que tiene por delante.