El empresario cercano al clan Moyano, administró el Puerto de Buenos Aires y es parte de una denuncia por el uso de facturas truchas, sociedades fantasma, testaferros y operaciones inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio.

La Justicia Federal lleva adelante una minuciosa investigación contra el empresario Gustavo Elías, por lavado de activos y evasión tributaria, a través de distintas maniobras financieras que le permitieron, en los últimos años, un marcado crecimiento patrimonial. En muchos de las acciones que el Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene en la mira existe cercanía con miembros del clan Moyano.

De hecho, una de las firmas de la cartera que conduce Elías, administró el Puerto de Buenos Aires, en donde se detectó un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, que quedó en el foco de la Justicia Penal Económica.

La firma Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte), que encabezan, además de Elías, el abogado Hugo Llermanos, quien es la mano derecha de Hugo Moyano y cotitular del conglomerado de medios La Nueva, de la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Según el reporte del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González da Silva, el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano di Federico, que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasmas, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio durante los últimos años.

La causa además, cuenta con una investigación en curso por asociación ilícita, ya que la fiscalía pudo detectar que el conjunto de empresas que encabeza Elías, cuenta con unos 40 integrantes, todos ellos relacionados por amistad o parentesco, lo que hace levantar sospechas de que se trata de testaferros, para las más de 80 firmas que componen el holding.

“Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas que integran el grupo Elías, depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”, sostiene el juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, sobre quien recayó la causa.

Gustavo Elías, Hugo Moyano, Juan Pablo Schiavi y Julio de Vido.

A lo que agrega que, “conforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias como no tener servicios activos de telecomunicaciones, lo que sugiere que serían creaciones ficticias al efecto de justificar ingresos y facilitar el lavado de activos”.

Según relata el periodista Hugo Alconada Mon, en su nota para La Nación, la investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima, pero quedó paralizada hasta julio de 2022 cuando la fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios.

Basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público, se pudo señalar a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita, que tenía como objetivo la evasión impositiva, el desvió de fondos y el lavado de dinero a través de sociedades fantasmas.