Este lunes, los fiscales pidieron la pena para la Vicepresidenta y los otros imputados de la causa Vialidad.

En el último día de los alegatos, el fiscal Diego Luciani pidió una fuerte pena para Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad: 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Se juzga a la vicepresidenta por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

A continuación, las frases más fuertes que dijo a lo largo del alegato final:

• “Parte de los ingresos ilícitos de Lázaro Báez fueron al patrimonio personal de Néstor y Cristina Kirchner”.
• “En todo momento se intentó beneficiar a las empresas de Lázaro Báez. Entre la fecha de apertura de licitación y el inicio de la obra adjudicada al empresario transcurrían apenas 38 días”.
• “Estimamos que los tipos penales de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado deben ser de forma real”.
• “Entendemos que nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”.
• “Ya nos hemos referido en este alegato a las características de la maniobra. Necesitamos dejar en claro que se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
• “En ella, los imputados, mediante una estricta división de roles, subvirtieron las facultades legales asignadas, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos adoptando todas las medidas que fueran necesarias para hacerlo en condiciones de impunidad. Desactivando, para ello, todos los mecanismos de control”.
• “La corrupción fue la regla. El estado de derecho quedó rezagado. Este desequilibrio debe restaurarse en este juicio una sentencia justa”.
• “Es el estado de derecho y el respeto a la constitución, la regla, no la corrupción”.
• “Recordemos que se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación, en el que se crearon y se violentaron todos los principios esenciales que regula la contratación pública”.
• “Ya hemos expuesto cómo se designó y se mantuvo a funcionarios claves que prestaron su consentimiento y realizaron, de acuerdo a su competencia, los aportes que fueran necesarios. Se dispuso de cuantiosos fondos públicos y se pusieron en marcha todos los mecanismos para la asignación de dinero que fueron reforzada por canales extrapresupuestarios”.
• “Se adoptaron mecanismos que oscurecieron la información que recibe el Congreso sobre el destino de los fondos”.
• “Se creó a un empresario para asegurarse su connivencia en la maniobra y para que realizara todo lo necesario para resultar adjudicatario y para una etapa posterior obtener los pagos. Se adquirieron empresas constructoras que se emplearon para simular competencia y dar apariencia de legalidad y mantener la maniobra en condiciones de impunidad”.
• “Se restringió arbitrariamente la competencia. Se soslayó la aplicación de la ley correspondiente, la Ley de Obras Públicas nacional. Se aplicó la ley provincial más beneficiosa para la consecución de la maniobra”.
• “Se violentaron los principios y las regulaciones legales que rigen las contrataciones públicas. Se adoptaron reglamentaciones que procuraron la ausencia de controles, entre tantos abusos de poder que resultan inexplicables”.
• “No solo se refleja el perjuicio económico y el daño ocasionado, sino que se proyecta en un sinnúmero de consecuencias indirectas como la pérdida de la eficiencia de las contrataciones, la pérdida de eficiencia en el uso de recursos públicos, el descrédito, la falta de confianza de la actividad administrativa, la mala reputación a nivel internacional a la luz de los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción”-
• “Valoraremos de manera negativa los motivos que llevaron a los imputados a delinquir. No solo se observa la existencia de estímulos externos como convicciones políticas, o móviles internos como ser el ánimo de lucro y la codicia”.
• “A la luz de los tiempos penales, los móviles que se señalaron, el orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita construida por funcionarios públicos de alta jerarquía. Nada más y nada menos que dirigida por la entonces presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores”.
• “Con lo que respecta a la administración infiel, encontramos altamente reprochable que en función de los móviles, se dilapidaron y sustrajeron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían utilizados con fines nobles y lícitos, que mejorarían su condición de vida. O, en el caso particular de la ciudadanía santacruceña, que mejoraría sus vías de comunicación”.
• “Valoramos de manera negativa el grado de intervención en el hecho. Han intervenido al menos 12 personas. Todos los funcionarios participaban del proceso licitatorio, claramente en connivencia con Lázaro, el falso oferente, permitía el éxito de la maniobra. Su actuar mancomunado permitió el desarrollo de la maniobra en condiciones de impunidad”.
• “Lo que aquí se va a valorar es que los imputados no eran simples encargados de manejar una casa, se valora de manera negativa, que se trataba de personas encargadas de custodiar el patrimonio y funcionarios del más alto nivel y tenían el deber de custodiar fondos públicos. Dadas las características particulares de sus cargos, una defraudación por administración infiel resulta grave”.
• Sobre Cristina Kirchner: “Se considera grave la magnitud de los delitos cometidos. Su poder de dirección respecto al resto de los imputados. La naturaleza de la conducta y los medios para hacerla, la extensión del daño y la calidad de los motivos”.
• “Respecto al lucro, se pondera negativamente el cargo que ostentaba ella y que había ostentado marido, que poseía un contexto socioeconómico favorable. Lo que agrava la vulneración de las normativas penales”.
• “Valoramos negativamente el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general, al emplear fondos que deberían haberse destinado a una utilidad social. También ponderamos de manera negativa su falta de arrepentimiento durante todo este tiempo”.
• “Defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”.
• “Cristina Kirchner ostentaba el cargo máximo y empleó sus competencias y su poder de dirección con el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.
• “No encuentro ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos”.
• “Se va a solicitar la imposición de una inhabilitación perpetua”.
• “Se pondera de manera negativa su rol en la asociación ilícita. José López no tenía un rol dirimente en las políticas viales en Santa Cruz. En todo momento, tuvo un papel principal para mantener este sistema de favorecimiento hacia Báez”.
• “El Estado es la víctima de estos delitos. No hay que confundir el Estado con las personas que ocasionalmente ocupan un lugar. Fueron los máximos responsables políticos del país, burlándose de la confianza social y del poder de los cargos”.
• “Es llamativo escuchar que el Presidente de la Nación no pueda distinguir una cuestión elemental. Después de la detención de José López, en una entrevista radial dijo que uno de los motivos por los que renunció al cargo de Jefe de Gabinete fue lo que sucedía con la obra pública con Lázaro Báez. Evitó hablar de la gravedad de los hechos ocurridos”.
• “Una ciudadanía que fue víctima de los abusos de poder. Una corrupción que fue sistemática”.
• “Algunos dirigentes optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción. Se desentendieron, la intentaron esconder. Así se evita hablar de las consecuencias de los costos graves”.
• “Hicieron que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante o que la UIF pidiera la absolución de los responsables, omitiendo la valoración de toda la prueba que tenía a su alcance. Esto lo que muestra es un intento para silenciar la imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y que la verdad salga a la luz”.
• “La lógica que parece imperar en este sector, contraria a una democracia constitucional, es que quien gana las elecciones puede gobernar sin controles ni límites”.
• “La misma Cristina Kirchner desafió a este tribunal cuando aseveró: ‘A mí me absolvió la historia’”.
• “Privó al Estado de recursos de manera inequitativa. Fueron los sectores más pobres los que se vieron afectados por las prácticas nocivas. Se debería haber usado para el desarrollo genuino de la ciudadanía”.
• “Queremos expresar que lamentamos profundamente lo que hemos constatado en esta causa. Vimos y comprobamos cómo el estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, atropello de las reglas. Todo en pos de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez. Esto tiene consecuencias”.
• “Este grave caso debe marcar un antes y un después en materia de corrupción y administración pública. Debe transformarse en un hito este paradigma tan nocivo para nuestra sociedad que está harta de la corrupción de sus gobernantes”.
• “La sociedad necesita que nuestros dirigentes, de una buena vez y para siempre, practiquen los valores de la ética, la honestidad, la transparencia, la igualdad y el estado de derechos”.
• “Es corrupción o justicia”.

Las penas solicitadas por los fiscales

• Cristina Kirchner: piden 12 años de prisión. Además,solicitaron la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
• Lázaro Báez – Piden que lo condenen a 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primerio responsable del delito de corrupción fraudulenta.
• Julio De Vido – pedido de 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita.
• José López – (exsecretario de Obras Públicas) pedido de 10 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita.
• Nelson Periotti – (extitular de la Dirección Nacional de Vialidad – DNV) pedido de 10 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de asociación ilícita.
• Claudio Abel Fatala – Piden 4 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
• Raúl Osvaldo Daruich – Piden 5 años de prisión para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de administración fraudulenta.
• Héctor Jesús Garro – Piden 3 años de prisión en suspenso por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
• Juan Carlos Villafañe – Piden 6 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
• Raúl Gilberto Pavasi – Piden 5 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
• Jose Raúl Santibáñez – Piden 4 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
• Carlos Santiago Kirchner – Piden 2 años de prisión en suspenso.
• Mauricio Collareda – Piden 6 años de prisión por inhabilitación para ejercer cargos públicos.