El Tribunal de Ética del partido investiga el cambio de posición de cuatro legisladores, que dejan de integrar el bloque radical en la Cámara baja hasta que se decida sobre su situación.

Luego del cambio de opinión sobre la necesidad de otorgar un aumento a los jubilados a través de la reforma de la Ley de Movilidad que aprobó el Congreso y que luego el presidente Javier Milei vetó, la Unión Cívica Radical (UCR) suspendió a los diputados que avalaron el accionar del libertario.

Se trata de los diputados Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quiñes serán investigados por el Tribunal de Ética del partido, por lo que permanecerán afuera del bloque dentro de la Cámara baja hasta que se concluya que hacer con ellos.

El giro en el rumbo de los representantes radicales ayudó al mandatario a sostener el rechazo a un aumento del 8,1%, que representaba unos 15 mil pesos de suba en las jubilaciones mínimas que otorga la Nación, bajo la excusa de sostener el equilibrio fiscal que Milei tanto pregona.

Ante ello, la mesa directiva de la Convención Nacional, que comandan Gastón Manes y Hernán Rossi, tomó la decisión de dejar en suspenso la afiliación partidaria de cuatro de los cinco legisladores díscolos. Ya que José Tournier, pese a integrar el bloque de la UCR en Diputados, no cuenta con una ficha de afiliación en el partido centenario.

En la misma situación se encuentran los representantes Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron durante el debate permitiéndole a la oposición no obtener la mayoría necesaria de diputados para rechazar el veto presidencial ante la reforma de la ley de movilidad jubilatoria.

“Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la UCR e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”, indica la resolución emitida por el partido.

Para finalizar expresando que “aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”.