El máximo tribunal de Brasil decidió anular todas las pruebas obtenidas en la causa ya que considera que fueron obtenidas de manera ilegal. 6 septiembre, 2023

Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó una petición presentada por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular todas las pruebas obtenidas a través del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Esta decisión se dio luego de que la justicia considerara que estas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato.

El fallo fue pronunciado por el juez Antonio Dias Toffoli y establece que las confesiones obtenidas a través de estos acuerdos de colaboración formaron parte de tácticas ilegales de “tortura psicológica”. Según Toffoli, dichas tácticas tenían como objetivo obtener pruebas falsas contra “personas inocentes” y señaló que, los agentes públicos involucrados en el caso, actuaron con parcialidad y fuera de su competencia legal.

El ex presidente brasileño Lula Da Silva fue encarcelado por Sergio Moro

Como resultado de este fallo, los acuerdos de delaciones premiadas relacionados con Odebrecht, firmados en el marco de la operación Lava Jato en 2017, deberán ser revisados por jueces de primera instancia. El juez Toffoli, además, argumentó que no se siguió un procedimiento adecuado y comparó la situación con las prácticas de tortura utilizadas durante la dictadura militar en Brasil.

El caso Lava Jato ha sido una cuestión de gran controversia y debate en Brasil en los últimos años, y este fallo representa un giro significativo en su desarrollo. De esta forma, la decisión del tribunal brasileño invalida elementos de prueba relacionados con los “sistemas de sobornos” utilizados por Odebrecht para corromper a políticos, financiar campañas electorales y participar en acuerdos colusivos con otras empresas para ganar contratos públicos.

Da Silva llegó a pasar 580 días en prisión por corrupción y lavado de dinero hasta que llegó la anulación de su condena. “Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”, dijo Toffoli en parte de la decisión.