Tras resolver las situaciones procesales de las 33 personas que fueron detenidas, la jueza destacó la necesidad de más pruebas para esclarecer su participación.

La jueza federal María Servini decidió esta noche procesar con prisión preventiva a cinco de las personas detenidas el miércoles pasado cerca del Congreso Nacional durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso. Además, resolvió dictar la falta de mérito para el resto de los implicados, lo que llevó a la liberación de once personas. Junto a los dieciséis individuos que ya habían sido excarcelados previamente, el total de liberados asciende a veintisiete. Según el fallo, la jueza afirmó que aún falta analizar mucha prueba, lo cual requerirá tiempo.

En su resolución, la jueza enfatizó que el objetivo no es criminalizar la protesta, sino asegurar su ejercicio sin que se vea afectado por actos violentos. “Estamos hablando de toda una serie de detenciones que se produjeron por distintas fuerzas que responden a distintos órdenes -local y federal- en el marco de lo que podemos definir como un escenario de caos y desorden generalizado en el que se vandalizaron y prendieron fuego automóviles tacho de basura y bicicletas, se rompieron veredas y paredes y se lanzaron objetos con pinches, piedras, palos y elementos en llamas contra las fuerzas de seguridad por parte de un grupo de personas, muchas de ellas encapuchadas que se encontraban entre quienes manifestaban legítimamente”, señaló. Esto provocó la respuesta de las fuerzas de seguridad con balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y fuerza física.

La jueza resolvió procesar con prisión preventiva a las siguientes personas: Cristian Valiente por intimidación pública y atentado a la autoridad (se le encontró una granada); Patricia Calarco Arredondo por incendio y daño agravado a bienes públicos (las bicicletas del gobierno de la Ciudad), además de intimidación; Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública y atentado a la autoridad; Daniel Sica por atentado a la autoridad agravado y por poner resistencia a la autoridad, además de intimidación pública; y Roberto María de la Cruz Gómez por intimidación pública y atentado a la autoridad. A todos se les impuso un embargo de 500 mil pesos.

En una segunda resolución, la jueza María Servini decidió dictar la falta de mérito para los 28 detenidos inicialmente durante los disturbios ocurridos el miércoles pasado mientras se debatía la Ley Bases en el Senado. Algunos de ellos ya habían sido excarcelados el viernes anterior, y el resto recuperó su libertad esta misma noche.

Se trata de Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Gabriel Famulari, Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo, Mía Pilar Ocampo y Belén Yanina Ocampo.

Los daños se produjeron durante el debate legislativo, y todos los detenidos, un total de 33, fueron puestos a disposición de la justicia federal con acusaciones que incluyen “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.

La jueza afirmó que, más allá de las versiones proporcionadas por los involucrados, “se cuenta con elementos determinantes y esclarecedores” como testimonios de policías federales y de la ciudad, así como vídeos de cámaras de seguridad ubicadas cerca del Congreso, para reconstruir lo sucedido.

“Los considero elementos de un carácter probatorio determinante para enrostrar conductas y deslindar responsabilidades ello teniendo en cuenta que la magnitud del conflicto la cantidad de gente involucrada Y los distintos focos de agresión registrados a lo largo de la extensa jornada de vida tomaron dificultosa la presente pesquisa y su consecuente cauce”. Ese fue el eje central para dictar las prisiones preventiva de las cinco personas que quedaron procesadas.

En su segunda resolución, la jueza revisó las declaraciones de las otras personas inicialmente detenidas, quienes relataron las circunstancias de su arresto. Sin embargo, la jueza destacó que la justicia porteña decidió remitir sus casos con 23 detenidos sin haber realizado las medidas mínimas necesarias para una reconstrucción rápida y adecuada de los hechos posteriores a los disturbios.

Como ejemplo, la jueza mencionó que recientemente se recibió una cantidad considerable de pruebas, incluyendo vídeos que suman hasta 100 horas de duración, cuyo análisis completo requerirá urgencia. Además, algunos eventos, como el incendio de un vehículo cerca de la plaza, no han sido aún informados al juzgado y están siendo tratados por la justicia ordinaria, como el caso del auto de Cadena 3 perteneciente al periodista Orlando Morales.

La magistrada enfatizó que, dada la complejidad de la investigación y la necesidad de llevar a cabo diversas pruebas, no puede emitir un juicio definitivo en este momento. Señaló que el proceso de recopilación de pruebas requerirá más tiempo del establecido legalmente para resolver la situación procesal de los investigados, que es de diez días.

De esta manera, la jueza decidió resolver las situaciones procesales de aquellos que requerían tareas y diligencias adicionales, especialmente porque estaban detenidos. Servini destacó que en muchos casos, los testimonios de los agentes policiales contradicen las declaraciones de los imputados. Incluso mencionó un video compartido en redes sociales, como el caso de Luis De la Vega, donde no se lo observa participando en los hechos que se le imputan, sino todo lo contrario. 

Además, señaló que en otros casos no hay evidencia visual que respalde las acusaciones de arrojar piedras por parte de varios implicados. El fallo también subrayó el caso particular de la familia Ocampo, que se encontraba vendiendo empanadas al momento de ser detenida.

No obstante, la jueza mencionó que aún falta peritar los teléfonos de los implicados, obtener nuevas grabaciones y testimonios, y profundizar en la investigación. Por este motivo, consideró “pertinente solicitar a la población en general y los medios en particular el aporte de aquellos registros fílmicos relacionados con las detenciones realizadas por las distintas fuerzas de seguridad el día de los hechos”. Basándose en esta evaluación, decidió dictar la falta de mérito para la mayoría de los imputados, excepto para los cinco directamente involucrados en los disturbios.